Este 23 de junio, al cumplirse el segundo aniversario de los cinco DL del 2000 de reformas económicas, vuelve a ser noticia el anuncio oficioso de “medidas de 2ª y 3ª generación” que se dice afectarán al comercio, y a ciertos servicios como farmacias, registradores, notarios, procuradores de los tribunales, y un etcétera, aunque hay quien cree que, con lo de Sevilla y la sucesión, quedarán para septiembre.
Para abordar las llamadas reformas estructurales ya se había usado la forma de DL en junio de 1996 - ¡seis! -, nada más llegar al poder el PP, y se repitió la operación en junio de 1999 y de 2000 por mencionar sólo aquellos decretos que coinciden con el verano.
¿Es que el equinoccio de verano, cuando empiezan a declinar los días más largos, tiene algún efecto compulsivo sobre cerebros reformistas a lo peor trasnochadores?. ¿Es necesario iluminar la escena con tanta frecuencia, y con medidas de efecto equivalente a fuegos artificiales, estilo “noche de San Juan”?. Veamos.
DL expeditivos
Actuar por DL pudo ser aconsejable de modo excepcional y en casos graves. Siempre que fuera, en términos taurinos, la “estocada expeditiva” y urgente para un “morlaco” que no admitiera una lidia pausada, ni recrearse en la suerte parlamentaria. Rápido, sin transparencia ni suficiente audiencia de afectados. Debió limitarse a la primera legislatura de un PP con mayoría minoritaria, ya que el DL sólo requiere un breve debate de convalidación parlamentaria, más accesible a votos ocasionales y prestados de otros partidos que una Ley en regla sometida a una profunda discusión con posibilidad de enmiendas.
En esta segunda legislatura, ya con mayoría absoluta, la lidia de asuntos importantes puede y debe hacerse de frente y por derecho, oyendo a los sectores concernidos y mediante Leyes debatidas en el Parlamento o sea con luz diurna y taquígrafos. Así lo ha hecho casi siempre el Gobierno Aznar y no se comprende un cambio de estilo precisamente para asuntos económicos.
Tampoco conviene usar el DL para reformas estructurales que por su naturaleza pretenden frutos a largo. Hacerlo propicia desequilibrios inmediatos antes de que “luzcan” los efectos reformadores. Especialmente contraindicado está su empleo en inicios de crisis con ciudadanos irritables, aunque España las soporte mejor que su “entorno”. Es factible tocar las estructuras en tiempos de mudanza, pero nunca por DL.
El articulo 86 de nuestra Constitución faculta al Gobierno para dictar DL exclusivamente en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No se ve nada “extraordinario” ni apremiante para haber dictado los cinco DL de 23 de junio de 2000. Tanto podían esperar que su puesta en práctica se ha demorado a la publicación de más de treinta reglamentos algunos de los cuales, dos años más tarde, siguen tejiéndose en el “telar” gubernamental.
Ajustes de fondo
Cito algunos principios que, además de la audiencia a afectados y Parlamento, pudieran inspirar estas reformas:
1. Orientarse a lo realmente estructural. A los “pilares” de la economía y del servicio público. Cualitativamente merecen tal calificación las de Justicia, Educación, Hacienda, régimen laboral y empleo, y las de algunos, pocos, servicios esenciales. La de Justicia, aunque silente, parece bien llevada con base en el Pacto de Estado con la oposición. La de Hacienda, con ella enfrente, progresa adecuadamente y se traduce en rebaja de impuestos directos compensada con indirectos sobre ventas y pago por uso de servicios. Y también la de Educación terminada con notorio coraje, contra viento y marea y resultados parlamentarios positivos – la LOU -. En todas estas áreas los Ministerios competentes escuchan a los sectores, han superado la tentación del DL, y soslayado potenciales interferencias del de Economía.
La reforma laboral no debió ser gubernamental sino gestada por los agentes sociales. Pero la inactividad patronal ha obligado al Gobierno a entrar en liza con la secuela del 20 J. Por el mismo “precio” próximas Leyes debieran ajustar las huelgas - asunto estructural - al interés general, y eliminar la subvención a tanto interlocutor, profesional del conflicto pese a disfrutar cuantiosos fondos públicos como los formativos (¿?) de la Forcem.
2. Ser selectivas y enfocadas al desarrollo. Cuantitativamente no vale cualquier reforma en cualquier servicio público. Únicamente cuando la importancia de éste en el PIB y su capacidad de crecimiento permitan esperar un desarrollo acelerado de la reducción de regulaciones o eliminación de restricciones a la competencia.
Ya la OCDE en su “Regulatory reform” de 1991 indicaba que desregulando la electricidad, telecomunicaciones, distribución minorista, carreteras y transportes – que cumplen dichos parámetros - podrían aportar a largo plazo, sólo ellos, un incremento del PIB hasta el 6%, equivalente a varios años de crecimiento en todos los sectores.
3. Centrarlas más en lo funcional que en lo económico. Quizá por abanderar Economía buena parte de las reformas, parece imponerse criterios “economicistas” antes que funcionales a los Ministerios competentes. Así, se rebajan precios de los servicios sin reparar en las eventuales reacciones del mercado y la radical influencia de aquellos sobre hábitos de consumo. En teléfonos la bajada de precios del dominante ha restado rentabilidad a los competidores entrantes al limitar al mismo tiempo el margen o techo de beneficio de éstos. Ítem más, el uso se ha desplazado al móvil desde el fijo, pero con llamadas más cortas e incluso no verbales sino escritas. Para remate la baratura de Internet ha aumentado su uso hasta ocupar el 30% del trafico fijo pero con ingresos solamente del 7%.
Algo similar ha ocurrido al reducir precios, hasta un máximo subvencionado “de referencia” en ciertos medicamentos, así como los márgenes farmacéuticos, y aranceles notariales y registrales: Consecuencias: el gasto público en medicinas se ha disparado en vez de reducirse, y Notarios y Registradores multiplican sus conflictos. En una España ansiosa de energía, ¡buen síntoma!, la rebaja de tarifas eléctricas “a palo seco”, - sin vistas al futuro ni pautas de inversión -, pronto provocará apagones, ¡mal efecto!.
4. Liberalizar es igual a precios libres no siempre posibles. No puede improvisarse algo tan importante para productores y usuarios, como la libertad de precios, sin reforma estructural y funcional que prepare el cambio. En 1998 se dejaron libres los de carburantes en un mercado de duopolio u oligopolio concertado y además integrado verticalmente. Ello incita a movimientos incontrolables de precios en gasolineras dominadas por dos operadores. Para “inri” la tardanza de los Tribunales aniquila los esfuerzos de nuestras autoridades “antitrust” para controlar los abusos.
5. Justificar el “ratio” coste-beneficio de la reforma. Así lo aconsejó en 1993 un lúcido informe del TDC sobre “Remedios para...atajar el daño de los monopolios”. En el “ratio” adjunto a toda Ley reformista, el beneficio a considerar está en los objetivos de mejora a conseguir más que en los ahorros a corto e inmediatos.
6. Actuar planificadamente sin precipitación técnica. Tal fue la de los cinco DL del 2000 que no faltaron contradicciones en su texto, causa de un alto grado de inaplicación. Por ejemplo en la Inspección Técnica de Vehículos. Debieron incorporar mayores detalles y no dejarlos para demasiados reglamentos posteriores. El apresuramiento obligó incluso a publicar rectificaciones de erratas. Excepción encomiable fue la del DL 3/2000 sobre medidas fiscales.
Moraleja
La impresentable huelga del 20-J se achaca a la actuación del Gobierno en materia de desempleo, justa pero extemporánea y por DL. Hay que “nadar”, o sea hacer reformas estructurales, pero guardando las formas. Y algo más que refiere este mi artículo. Como decía Baltasar Gracián:"no se debe llegar al exceso de callar, para que se equivoquen".
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