La magistrada de Barcelona que investiga la supuesta trama de corrupción en la Agencia Tributaria de Cataluña ha fijado una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para el inspector de Hacienda Manuel Abella, quien realizó 215 de las 274 inspecciones a las que se sometieron las empresas del grupo constructor Núñez y Navarro entre 1988 y 1999. El auto en el que la juez adopta este acuerdo, que fue notificado ayer a las partes, concede un plazo de 24 horas a Abella para que deposite esa fianza. De ser así, la juez advierte que levantará el embargo acordado en esa misma resolución sobre una vivienda tipo dúplex, situada en la calle de Balmes de Barcelona, en pleno centro de la ciudad, y de tres plazas de aparcamiento ubicadas en la misma finca.

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, adopta esta decisión a petición de la fiscalía, después de advertir indicios de que Abella podría estar 'liquidando' su patrimonio personal. Para corroborar ese dato, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil que realice una investigación del actual patrimonio de Abella. EL PAÍS intentó ayer localizar al abogado de Abella, pero se hallaba fuera de Barcelona.

Cantidad mínima

La juez razona que fija esa cuantía de cuatro millones de euros porque considera que por debajo de esta cifra no se situarán las 'responsabilidades pecuniarias' derivadas de la actuación profesional de Abella. En este sentido, la magistrada admite que adopta esta decisión 'aun no disponiendo todavía del informe pericial' que cuantifique al detalle esas responsabilidades económicas.

Se da la circunstancia de que las dos viviendas embargadas ahora a Abella por la juez fueron compradas por el inspector a la sociedad Naynu, del grupo Núñez y Navarro, en 1994. En la querella presentada en su día por la fiscalía, que dio pie a este procedimiento penal, se indica que Abella pagó por ambos pisos 86.368.800 pesetas y luego realizó obras para comunicar ambas viviendas que costaron más de 27 millones de pesetas. El 9 de junio de 1994 Abella había firmado las actas de inspección de la sociedad Peromoinver, también del grupo Núñez. Una semana antes, había entregado 20 millones de pesetas a cuenta de la casa. La compra se formalizó el 5 de octubre de 1994, agrega la fiscalía.