El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que entrará en vigor el primero de enero de 2003, no servirá unicamente para recortar la carga fiscal de un buen número de contribuyentes, sino que además impone severas medidas de control sobre algunos instrumentos utilizados legalmente hasta ahora para reducir los tipos impositivos.
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Uno de los más llamativos es, sin duda, el de las denominadas sociedades patrimoniales. A través de ellas, numerosos contribuyentes –con rentas superiores en muchos casos a los 120.000 euros anuales, según datos de la propia Hacienda– pasaban su patrimonio a una sociedad a la que imputaban sus ingresos y gastos. Finalmente, los beneficios de esa compañía tributaban al tipo del Impuesto de Sociedades –el 35%– en lugar del 48% actual que marca el tipo marginal del IRPF para esas rentas.
La gran novedad de la reforma estriba en que ese tipo de sociedades ya no podrá imputar sus gastos como necesarios para la marcha de la empresa, sino que se aplicarán los mismos criterios que con el IRPF. Además, el tipo final aplicable será del 40%. Con todo ello, además de garantizar un mayor equilibrio fiscal, Hacienda podrá combatir eficazmente el fraude, que es una de las principales recomendaciones de la comisión que redactó el nuevo proyecto de
IRPF.
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