El líder de UGT, Cándido Méndez, aseguró que «el presidente del Gobierno ha puesto de nuevo en evidencia su talante autoritario y ha dado un puñetazo en la mesa del Consejo de Ministros», informó Efe.
En opinión de Méndez, la aprobación por decreto es un indicativo de que el Ejecutivo «se ha quitado la careta» y advirtió que «tendrá que dar a conocer las razones de urgencia que le han hecho aprobar un real decreto ley como éste».
Este mecanismo, según Méndez, es una «fórmula autoritaria y oscura» desde el punto de vista democrático y lanzó un mensaje a la oposición instándola a exigir «una respuesta contundente en el Parlamento».
Por su parte, el dirigente de CCOO, José María Fidalgo, explicó la decisión como una «pataleta» del Gobierno, que parece tener «más miedo a esta huelga general que al pedrisco y, al final, recibirá su merecido». Asimismo, Fidalgo se mostró convencido de que la huelga va a ser un hecho contundente, masivo, democrático y pacífico como han sido las anteriores. «Al que Dios la dé, san Pedro se la bendiga», puntualizó.
Las reacciones de los representantes sindicales se sucedieron en cadena, encontrando más argumentos para la huelga general. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, indicó que «hoy, 24 de mayo, es más necesaria que ayer la huelga general del 20-J», refiriéndose al polémico decreto. Según Ferrer, «Aznar se ha situado a la derecha de (Silvio) Berlusconi», ya que, mientras el primer ministro italiano, tras la convocatoria de la huelga general, «frenó sus reformas, Aznar ha cometido un acto de autoritarismo», informó Servimedia.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig-Samper, dijo que «la barbaridad que supone el decretazo es intolerable para los trabajadores e inexplicable para el conjunto de la sociedad».
Puig-Samper mostró su convencimiento de que el Gobierno «ya tenía escrita la reforma» desde abril y «se la ha ocultado» a todos los agentes sociales.
UGT Cataluña, incluso, consideró que el real decreto es «claramente inconstitucional». Su secretario general, Josep María Alvarez, avanzó ayer que se dirigirá al Parlament y la Generalitat para impulsar su recurso.
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