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EXPANSIÓN - ECONOMÍA   

15 de Mayo de 2002    


"Si la Fiscalía Anticorrupción no tiene pruebas, que deje en paz a los asesores"

C.Cuesta. Madrid.

Antonio Durán Sindreu, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales.


El presidente de la asociación nacional de asesores fiscales (Aedaf), Antonio Durán Sindreu, asegura en una entrevista con EXPANSIÓN que las últimas acusaciones vertidas desde el mundo judicial y político contra el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y contra los asesores fiscales en general están provocando un grave daño a la profesión y responden exclusivamente a motivos partidistas.

–¿Qué valoración le merecen las acusaciones vertidas contra el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por el caso BBVA?

–Se trata de un intento demagógico y político para atacar a determinadas personas de la Administración que paraliza la actividad del ministerio. El secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga, me merece toda la confianza y todos mis respetos. Rodríguez Ponga ha tenido una tarea muy difícil en la medida en que tenía que recuperar la credibilidad del ministerio después de la salida de su antecesor, Enrique Giménez Reyna y ha sacado adelante una reforma del Impuesto sobre Sociedades, el concierto económico vasco, la reforma de renta y una mejora de los planes de pensiones de gran importancia. Hay que abandonar las demagogias y dejar trabajar a la gente.

–Lo cierto, sin embargo, es que tras el cese de Giménez Reyna y las nuevas acusaciones contra el secretario de Estado, la confianza de los contribuyentes en el Fisco y en la campaña de la renta que acaba de iniciar puede verse claramente mermada.

–Yo no creo que vaya a afectar ni al cumplimiento fiscal de los ciudadanos ni a la recaudación de esta campaña de la renta. Pero indudablemente este mensaje no es bueno y supone una contaminación política que le llega al ciudadano y que le supone desconfianza. Es necesario llamar a la razonabilidad política para evitar estos mensajes porque pueden ser peligrosos.

–¿La imagen que está recibiendo el ciudadano no es la de que el asesor de una empresa se dedica a preparar entramados para eludir el pago fiscal?

–En primer lugar hay que diferenciar entre el trabajo que realiza un asesor en un despacho del que realiza dentro del departamento de una empresa como puede ser una entidad financiera. En este tipo de empresas, la asesoría fiscal no tiene capacidad decisoria y su relevancia es similar a la que tiene cualquier otro departamento como puede ser el de riesgos o cualquier otro departamento de cualquier otra empresa. El poder decisorio lo tiene el consejo, no estos departamentos. Este tema se ha sacado de contexto porque desde el punto de vista político interesaba. El objetivo claramente era uno y no se ha conseguido.

–Pero las acusaciones sobre estas supuestas prácticas ilegales generalizadas entre los asesores empiezan a proceder ya incluso desde el mundo judicial.

–Sí, eso es verdad. Se ha querido utilizar esta idea con la demagogia fácil de asegurar que el asesor fiscal es el colaborador nato del fraude. Se ha llegado a publicar este tipo de afirmaciones en medios de comunicación procedentes de un juez. Lo que no se puede es generalizar en este tipo de acusaciones. Yo tampoco puedo decir que todos los jueces son corruptos, ha habido jueces envueltos en casos de corrupción, pero no se puede generalizar. Y esa generalización daña mucho, porque los asesores fiscales son la conexión entre Hacienda y los contribuyentes y si se rompe la confianza en ellos el daño puede ser inmenso para el contribuyente.

–Las acusaciones sobre la colaboración de asesores fiscales en tramas de fraude fiscal han sido insinuadas en informes de la Fiscalía Anticorrupción.

–Efectivamente y eso es lo que no se puede permitir. Si el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción tiene pruebas, que dé los nombres de quiénes son los implicados y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley y si no que nos deje en paz a todos los que cumplimos con honestidad nuestras funciones tanto en altos cargos públicos como en el sector privado. No se puede generalizar de esta manera.