La Sociedad de la Información en España ha perdido fuerza en el último año. A pesar de haber mejorado su infraestructura y servicios, ha bajado tres puestos en el ránking que, por tercer año consecutivo, ha elaborado Accenture sobre Administración Pública Electrónica o e-Goverment en veintitrés países. Nuestro país se sitúa en el puesto número quince de la lista, cuatro menos que en el ejercicio anterior. Con un porcentaje del veintiuno por ciento de efectividad, España destaca por su labor en las áreas de educación, empleo y cultura, así como por la mejora de sus infraestructuras y de los servicios legales. Sin embargo, se enmarca dentro de los países calificados como emergentes, por detrás de los avanzados –como Australia, Dinamarca, Reino Unido y Finlandia–, cuya efectividad supera el cuarenta por ciento, y muy lejos de los líderes, que alcanzan unas cotas cercanas al sesenta por ciento.
Canadá es el primer clasificado. Este país ha puesto en marcha un plan para convertirse en el Gobierno mejor conectado con los ciudadanos antes de 2004. Para esta fecha, pretende ofrecer a los canadienses el acceso electrónico a todos los programas y servicios federales desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tras él se sitúan Singapur y Estados Unidos. El estudio revela que la distancia entre los países líderes y los avanzados se está estrechando, con un total de trece países por encima del cuarenta por ciento de efectividad, mientras que las diferencias entre estos dos grupos y los emergentes o constructores de plataformas –los que tienen una efectividad inferior al treinta por ciento– es cada vez mayor. Además, el número de servicios a los que se puede acceder a través de Internet alcanza el noventa por ciento en nueve países, entre los que destacan Singapur, Estados Unidos y Francia en áreas como Hacienda, Educación, Servicios Sociales, Correos, Justicia y Seguridad.
Un ejemplo es el del servicio postal de Finlandia que, además de distribuir el correo, facilita a los ciudadanos el pago de facturas por servicios públicos, registrar un cambio de dirección, comprar sellos electrónicos e, incluso, utilizar un buzón electrónico. “Lo más importante es que la Administración Pública Electrónica tenga un enfoque permanente hacia los ciudadanos y las empresas, como si se tratara de sus clientes”, concluye el estudio de
Accenture.
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