El informe encargado por la Secretaría de Estado de Hacienda al Instituto de Estudios Fiscales sobre el impacto del comercio electrónico hace poco más de un año reveló la necesidad de adaptar la Administración Tributaria y la legislación para atajar el riesgo evidente que implicaban para el control fiscal la aparición de sistemas de ahorro que, por medio de su contratación en Internet, facilitaban el acceso a territorios fiscalmente opacos o directamente calificados de paraíso fiscal.
Entre las medidas que ya ha adoptado Hacienda figuran el cruce de los datos procedentes de los movimientos dinerarios realizados con tarjetas de crédito o del rastro dejado en los registros del Banco de España de las transacciones de los contribuyentes.
Pero el plan de acción previsto en ese informe va más allá. Entre los puntos de inspección que señala como preferentes figuran los web que ofrecen este tipo de inversiones o, incluso, los servicios de mensajería con los que contratan habitualmente los envíos o recogidas.
Lo cierto es que los equipos del Ministerio son conscientes de que las hasta ahora lejanas fórmulas de inversión en destinos difíciles de rastrear por la Inspección española han dejado de estar tan lejos gracias a las facilidades del comercio electrónico.
El simple hecho de escribir la palabra off shore (término anglosajón con el se conoce habitualmente a los paraísos fiscales) en un buscador de Internet puede dar idea del fenómeno al que se enfrenta el ministerio.
Las entidades, imposibilitadas legalmente para ofrecer activamente estos productos en territorio nacional sin supervisar el control de la CNMV han hallado en el espacio internacional de Internet el medio ideal con el que cruzar las fronteras.
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