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EXPANSIÓN - OPINIÓN   

25 de Abril de 2002    


Consecuencias no penales del "caso BBVA"

Expansión - Madrid.

A falta de que el juez Garzón ratifique –o no– la lista de imputados solicitada por el fiscal en el ‘caso BBVA’, es posible hacer algunas reflexiones sobre las consecuencias no estrictamente penales del mismo.


Por ejemplo, ¿debe dimitir Rodríguez-Ponga? La respuesta es que salvo que Garzón lo tache de la lista, el secretario de Estado de Hacienda no debería seguir en su puesto. No se trata ni de prejuzgar ni de vulnerar la presunción de inocencia.

Su responsabilidad penal será determinada por los tribunales y así debe ser. Pero las sospechas que recaen sobre él, ya sean sin fundamento real, hacen muy complicado que pueda seguir desempeñando el cargo político que ocupa. Ni el PP se merece el castigo de seguir contando con él, por el desgaste que acarrearía, ni él mismo debería negarse la posibilidad de defenderse como un particular de las imputaciones.

En los países de mayor solvencia democrática –como el Reino Unido, con el ‘caso Mandelson’, o Francia, con Strauss-Kahn– es así como se resuelve el problema: dimisión y, si se demuestra la inocencia del sospechoso, todo el campo abierto para el reingreso en la actividad política. De ser Rodríguez-Ponga tan valioso como sus superiores creen, y finalmente resultara exculpado, no debería tener problemas para ejercer un puesto de responsabilidad en el futuro.

La segunda gran interrogante que plantea la lista de imputados es si José Ignacio Goirigolzarri, acusado de cohecho y blanqueo de capitales, debería renunciar a su puesto de consejero delegado en BBVA. El razonamiento en este caso es distinto.

Se trata de un asunto que afecta a una entidad privada, y son por tanto sus accionistas y los órganos que los representan los que deben dirimir tan delicada cuestión. Pero el carácter privado del banco no implica que los que tienen que tomar la decisión ignoren la importancia de la misma de cara a la opinión pública y su repercusión en la reputación de la entidad. Ése es un factor que debe pesar en las deliberaciones.

Las acusaciones del fiscal contra Goirigolzarri son serias, aunque igual de contundentes son los argumentos difundidos por el banco para desmontar dichas acusaciones, defender la inocencia del consejero delegado y apoyarlo sin fisuras.

En todo caso, BBVA debe tener en cuenta que, con los datos que se conocen, sólo hay dos maneras de convivir con el escándalo: o la marcha del consejero delegado o su exculpación total tras una previsiblemente larga y tortuosa investigación judicial. Si trasponemos esa disyuntiva a la estrategia ideada por su presidente, Francisco González, se trataría de elegir entre ‘refundar la refundación del banco’ o renunciar, siquiera temporalmente, a ella.

El tercer caso de relevancia es el de Alfonso Cortina, presidente de Repsol e imputado por los fondos de pensiones y por la ocultación de activos. También aquí debe regir el principio de autonomía de los órganos de decisión de la compañía. Pero la presunta responsabilidad imputada por el fiscal a Cortina es muy inferior a la de Goirigolzarri y, en todo caso, sus funciones actuales, tras dimitir como consejero de BBVA, no tienen nada que ver con el banco, lo cual limita el impacto en la imagen de la empresa que dirige.



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