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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que llame a declarar como imputados al consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, y al secretario de Estado de Hacienda, Estinaslao Rodríguez-Ponga, en la investigación abierta por las cuentas secretas del banco en ‘paraísos fiscales’.
Ambos responsables constituyen las principales sorpresas en la lista de 27 supuestos implicados en el caso que el ministerio público envió ayer al magistrado de la Audiencia Nacional. En ella figuran la cúpula del antiguo Bilbao Vizcaya, con Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte a la cabeza; ex administradores de la entidad expedientados por el Banco de España por la ocultación de 225 millones de euros; y beneficiarios de fondos de pensiones abiertos con los rendimientos de ese dinero opaco.
«Me extrañaría que mi nombre apareciera en la lista», declaraba a media mañana de ayer Rodríguez-Ponga. A esa hora, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ya había dado el visto bueno a su inclusión en ella a la vista de los indicios presentados por Anticorrupción. Ahora, el juez deberá decidir si le cita como imputado a él y a las otras 26 personas que integran el listado.
Dinero ‘negro’
La acusación considera al secretario de Estado de Hacienda presunto autor de una guía con instrucciones precisas para captar dinero ‘negro’ desde Privanza, filial del BBV. Entre 1992 y 1997 trabajó en este banco como asesor fiscal para asuntos internacionales. El fiscal apunta que Rodríguez-Ponga «habría ideado, preparado y elaborado» el manual, destinado a grandes patrimonios y empresas.
El ministerio público basa su imputación en la denuncia de Nelson Rodríguez, ex vicepresidente del BBV en Puerto Rico. Además, relaciona con la compra del banco mexicano Probursa, una operación en la que supuestamente habrían sido ‘blanqueados’ capitales multimillonarios procedentes del tráfico de drogas.
El fiscal pretende interrogar al secretario de Estado sobre estos y otros aspectos. También desea hacerlo con Goirigolzarri por su presunta implicación en operaciones ilegales con fondos del BBV en Latinoamérica entre 1995 y 1998, periodo en el que fue responsable del banco en ese área.
El acusador público considera que el actual consejero delegado del BBVA, junto con Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, autorizaron la compra de voluntades de dirigentes políticos -entre ellos Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, y Vladimiro Montesinos, su jefe de seguridad- y la realización de grandes operaciones de blanqueo de capitales, incluyendo fondos supuestamente procedentes del narcotráfico. Los «favores» -que, según el fiscal, abarcarían cientos de millones de dólares- habrían permitido al BBV lograr el control o la mayoría en los bancos Continental (Perú), Bancomer (México), y Ganadero (Colombia).
Estas acusaciones ampliarían el actual abanico de posibles delitos que se achacan a los investigados -apropiación indebida, administración desleal y falsedad- al de blanqueo de capitales -que se indicaría para Ybarra, Uriarte y Goirigolzarri-, además de para Mario Fernández, ex responsable jurídicos del BBV, y Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, ex directores generales, a los que se considera diseñadores y ejecutores de algunas de las actuaciones secretas.
Paraíso fiscal
El escrito del fiscal también se extiende a la investigación del ocultamiento durante trece años de 225 millones de euros por parte de la entidad y a la presunta creación de una estructura financiera opaca, a través del paraíso de Jersey, para que españoles defraudasen Hacienda con la evasión de capitales y la realización de inversiones ilícitas.
Por todos estos hechos, el fiscal pide a Garzón la imputación de 27 ex altos cargos del BBV, entre los que se encuentran todos sus dirigentes desde 1996, además de tres consejeros.
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