MADRID.- La versión oficial del Gobierno asegura que hay que esperar a la decisión del juez; que no se ha demostrado nada contra el secretario de Estado de Hacienda; que Estanislao Rodríguez-Ponga niega todo y que, por tanto, no hay ninguna decisión sobre lo que ocurrirá si, finalmente, es imputado.
Según esta versión oficial, lo único que hay contra Ponga en el escrito del fiscal es la palabra de un testigo protegido discutible.
El secretario de Estado de Hacienda dijo ayer a Europa Press que las acusaciones son «absolutamente falsas», que no va a dimitir y que no se le imputa ningún delito. Añadió que trabajó en el BBV desde noviembre de 1992 a febrero de 1997 como empleado.
Pero, lo cierto es que miembros del Gobierno y dirigentes del PP tienen claro que si el juez accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, avalada por el fiscal general del Estado, Rodríguez-Ponga tendrá que dimitir, aunque no se ponga en duda su culpabilidad.
Incluso, sin llegar a esta posición, algunas reacciones públicas de ayer del Gobierno y el PP fueron de extremada tibieza, hasta el punto de dejar intuir una próxima sustitución. Así, el ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, aseguró en la Ser que la responsabilidad de la destitución es del ministro de Hacienda y el secretario general del PP, Javier Arenas, se limitó a pedir que se espere a la decisión del juez.
El Gobierno mantiene que forzar la dimisión de Rodríguez-Ponga tiene no pocas contraindicaciones para el Ejecutivo y, por eso, se mantendrá «de momento» en su cargo, a la espera de la decisión del juez.
El «todavía» de Aznar
En primer lugar porque, aunque sea con una cuestión colateral, se quiebra el mensaje de que se trata de un asunto privado y no político. Este argumento es el que mantendrá el Gobierno hoy en el Pleno de control del Congreso y el jueves en el debate en el que se rechazará la comisión de investigación. Es decir, asoma el final del adverbio «todavía» que antepuso Aznar a la negativa a la investigación. La siguiente contraindicación es que en este momento otro secretario de Estado permanece en su cargo a pesar de estar, no sólo imputado, sino que el fiscal le pide 10 años de cárcel por prevaricación y estafa. En concreto, se trata del secretario de Estado de Fomento, Benigno Blanco, respaldado por Francisco Alvarez Cascos y por el resto del Gobierno.Para el futuro hay un ministro, el de Medio Ambiente, Jaume Matas, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa, tal y como pretende el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Por último, es obvio que si Rodríguez-Ponga dimite dejaría en una difícil situación política al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En menos de un año habrían dimitido de sus cargos dos secretarios de Estado de Hacienda. Y los dos lo habrían hecho como consecuencia de escándalos, con distinto grado de implicación, pero escándalos a fin de cuentas.
De rebote el golpe le llegaría a Rodrigo Rato, que es quien ha llevado el peso de la defensa política, en plena carrera de la sucesión.
Todo ello teniendo en cuenta el delicado momento de la campaña de la Renta y de lanzamiento de la propuesta fiscal del Gobierno, la gran oferta del Ejecutivo de Aznar. Una prueba de cómo se puede empañar la propuesta de rebaja del IRPF es la rueda de prensa del pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, en la que, en presencia de Rodríguez-Ponga, hubo más preguntas sobre el horizonte penal de éste que sobre la política fiscal.
Los que defienden en voz baja que Rodríguez-Ponga debe dimitir argumentan con la dificultad para defenderse en cuerpo y alma desde su cargo, precisamente, en pleno lanzamiento de la reforma fiscal. Y, aunque él no tiene que intervenir sí es el responsable de responder a los requirimientos del juez Garzón para aportar documentación oficial y es el encargado, junto al ministro, de comparecer en el Parlamento para explicar la actuación de Hacienda.
Código ético del PP
El último argumento es el del código ético que Aznar presentó en abril de 1993, que aún está en vigor, y que era aplicable a cuantas personas pudieran desempeñar un cargo público en un Gobierno del PP.
Ese código no habla expresamente del momento procesal exacto en el que debe dimitirse de un cargo, pero daba a entender que basta la apertura del procedimiento. Así, aseguraba en su punto octavo: «Cualquier cargo público del PP se compromete a poner a disposición de la dirección del partido el puesto público que desempeñara, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito».
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