MADRID.- El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicitó ayer al juez Baltasar Garzón que llame a declarar como imputados al actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, a 26 responsables del antiguo BBV -entre ellos el actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri- y a «los administradores que firmaron las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1996, 1997, 1998 y 1999» lo que eleva a un total de 33 la lista de acusados por el Ministerio Público.
El fiscal pone de manifiesto la «absoluta falta de probidad y lealtad» de la cúpula del BBV con los titulares del patrimonio que administraban y -sin agotar el catálogo de conductas presuntamente delictivas, dado que la investigación está abierta- atribuye a los banqueros supuestos delitos societarios, de administración desleal y de apropiación indebida de especial gravedad, que acarrearían penas superiores a los 10 años de cárcel.
Funcionarios de Policía adscritos a la Fiscalía Anticorrupción entregaron en la Audiencia Nacional al filo de las dos de la tarde el extenso escrito 40 folios firmado por Martínez Madero en el que pide la comparecencia como imputados del número dos de Hacienda y de 26 dirigentes del antiguo BBV cuyos nombres menciona expresamente (ver cuadro en la página 10).
Además, el fiscal solicita a Garzón que requiera al BBVA para que facilite la identidad de los consejeros del BBV que firmaron las cuentas anuales de 1996 a 1999, para que declaren como imputados sobre la «ocultación y correspondiente omisión contable de importantes activos» situados en paraísos fiscales. La petición del fiscal afecta, en particular, a José Antonio Sáenz-Azcúnaga,Vicente Eulate, Manuel Francisco Clavero, José Aureliano Recio, Javier Gúrpide e Ignacio Zubiría.
Sin embargo, respecto a los dos primeros el fiscal interesa, al final de su escrito, que declaren como testigos junto a José Javier Gúrpide, José Luis Segimón, Angel Galíndez, Angel Corcóstegui, José Luis Fernández, Enrique Sendagorta y José Luis Nagore. Fuentes de la Fiscalía han explicado que, una vez que el BBVA proporcione los nombres de los consejeros que firmaron las cuentas del BBV de 1996 a 1999, se aclarará la citación de Sáenz-Azcúnaga y Eulate, aunque adelantaron que, en principio, prevalecerá el criterio de que comparezcan como imputados.
Delito fiscal
Por lo que se refiere a Rodríguez-Ponga, el escrito no hace ninguna calificación jurídica pero, según fuentes de la investigación, se le atribuye la autoría por cooperación necesaria de un presunto delito fiscal (castigado con prisión de uno a cuatro años) porque habría «ideado» o contribuido a crear una estructura destinada a que personas residentes en España colocaran su patrimonio en el extranjero eludiendo el pago del IRPF.
En concreto, el fiscal implica a Rodríguez-Ponga, que trabajó para el BBV entre 1992 y 1997, en la elaboración de un «manual de productos fiduciarios» y en la operación que permitió al BBV acceder al control de la entidad mexicana Probursa.
Para la incriminación de Rodríguez-Ponga, el fiscal se basa en el testimonio del que fuera vicepresidente ejecutivo del BBV Puerto Rico, Nelson Rodríguez, que en su opinión ofrece un «discurso razonado, lineal y sin fisuras». En noviembre de 2001, Rodríguez compareció «espontánea y voluntariamente» en el Juzgado y aportó más de 400 documentos a los que el Ministerio Público concede verosimilitud.
Garzón había solicitado al fiscal el pasado día 9 que «concrete el número e identidad» de las personas que deben ser oídas como imputadas y ayer envió a la Fiscalía Anticorrupción una providencia en la que reclamaba la relación de acusados «a la mayor brevedad posible» para que las defensas de los que finalmente resulten imputados puedan asistir a la declaración como testigo del presidente del BBVA, Francisco González, señalada para mañana.
Tanto fuentes de la acusación como de la defensa daban ayer como probable el aplazamiento de la comparecencia de González al estimar «imposible» que los abogados de los imputados (aún no concretados por el juez) puedan estar designados y se instruyan de la causa en un plazo tan breve.
Consulta a Cardenal
El requerimiento de Garzón tuvo, sin embargo, el efecto de que el fiscal general al que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió el escrito en la tarde del lunes autorizó ayer mismo la remisión al Juzgado de la lista de imputados.
Fuentes de la Fiscalía General explicaron que Jesús Cardenal no expresó a Jiménez Villarejo su total conformidad con el contenido de un escrito que apenas ha tenido tiempo de analizar, pero cuya tramitación no quiso demorar ante la urgencia manifestada por el juez instructor.
La Fiscalía Anticorrupción no descarta pedir el levantamiento de la imputación a muchos de los ex responsables del BBV que ahora deben ser citados como imputados para no causarles indefensión.
Lo que sí excluye el fiscal de forma expresa es cualquier responsabilidad penal de los actuales gestores del BBVA procedentes de Argentaria.Por dos veces el escrito subraya que «hay que exceptuar [de las posibles conductas delictivas que se describen] a aquellos administradores que por no pertenecer o proceder del BBV no han podido conocer» los hechos. Todo un guiño a quienes tienen en su poder los soportes documentales necesarios para que prospere la investigación. De hecho, el escrito de Martínez Madero incluye la petición de requerir al BBVA para que aporte al Juzgado numerosos papeles y datos.
El escrito contiene otras claves de interés, entre ellas la petición de que se requiera a la auditora Arthur Andersen para que entregue sus papeles de trabajo sobre la afloración en 2000 de los fondos depositados en el exterior y la oposición del fiscal a una eventual personación de partidos políticos. A su juicio, «deberá vetarse todo intento de ejercer la acción popular cuando ésta persiga objetivos palmariamente ajenos a la finalidad de la institución».
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