Casi con nocturnidad, en la interpelación que le hizo el diputado del Grupo Mixto Joan Saura con sólo una veintena de parlamentarios presentes en el hemiciclo, Rodrigo Rato vino a reconocer que el mantenimiento de Estanislao Rodríguez-Ponga en la secretaría de Estado de Hacienda depende exclusivamente de que se demuestren las sospechas que recaen sobre este alto cargo. A saber: que desde la asesoría fiscal del BBV intervino en el entramado de las cuentas secretas de esta entidad financiera, y que posteriormente, bajo otra responsabilidad empresarial, elaboró una guía práctica para evadir impuestos. En un tono mezcla de ironía y preocupación, el vicepresidente segundo pidió a la oposición que le traslade pruebas irrefutables, fehacientes, de que sus acusaciones van a misa, más allá de los juicios de intenciones que acompañan a las meras sospechas.
Una vez concluida la interpelación, Saura fue receptor en los pasillos del Congreso de algunas confesiones íntimas del ministro de Economía. De ellas, el diputado sacó la impresión de que pronto se producirá el relevo en la secretaría de Estado de Hacienda y también de que el caso BBVA supone, con los ex consejeros y los actuales directivos del Banco enfrentados entre sí, una auténtica bomba de relojería.
Cada señoría ha puesto el acento en distintas instancias. Mientras que José María Aznar lo ha hecho en el antiguo equipo de Emilio Ybarra –cada palo que aguante su vela, ha venido a decir el presidente–, José Luis Rodríguez Zapatero y sus compañeros de escaño Juan Fernando López Aguilar, Maite Costa y Antonio Cuevas, lo han colocado en el Banco de España, en la CNMV y en la Agencia Tributaria. El precedente de Gescartera, se opina en el PSOE, sirve para comprobar la escasa fiabilidad de todas estas instituciones de control y también su apego a los dictados gubernamentales.
Las denuncias no tendrían tanta importancia, al menos de momento, si no fuera porque el Gobierno se niega en rotundo a aceptar la comisión de investigación que exigen los socialistas y, lo que tal vez sea más grave, porque detrás de esta negativa se esconde la amenaza más o menos velada de que el ventilador puede terminar dejando al primer partido de la oposición al pie de los caballos. Primero llegó la insinuación del presidente, en la ejecutiva del PP, de que habría una respuesta contundente contra los que especularan con que el Ejecutivo estuvo detrás de la fusión entre el BBV y Argentaria. Y después la advertencia dirigida por el propio Aznar a Zapatero sobre la “caída” a la que le puede conducir indagar en este escándalo con ciertas dosis de demagogia.
Los diputados están acostumbrados a escuchar del portavoz económico del PP Vicente Martínez-Pujalte, el mismo que dijo sin pruebas que un parlamentario socialista invirtió y desinvirtió en Gescartera, que el PSOE saldrá trasquilado del caso BBVA. Los destinatarios del mensaje admiten que sí, que pueden salir tocados ante la opinión pública si se vuelven a remover los daños colaterales provocados por el caso Filesa (ya sentenciado), pero que en ningún caso este riesgo les asustará a la hora de exigir responsabilidades al Gobierno por un escándalo que, confían, va a brindarles la oportunidad de demostrar el grave cruce de intereses económicos creado por Aznar y Rato a partir de 1996. El pulso destructivo, nada constructivo, sólo acaba de comenzar.
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