Ésta es la conclusión principal que cabe extraer del anteproyecto de Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
Y éste es el valor que tiene: que en un contexto de desaceleración de la economía, cuando se acaba de aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a las Administraciones Públicas a no incurrir en déficit, el Gobierno apruebe una reforma del IRPF que puede suponer, según los cálculos adelantandos ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una rebaja media de la carga fiscal del 11%.
Por fortuna, la experiencia de la anterior reforma fiscal, en vigor desde 1999, permite explicar cómo es posible conciliar hechos aparentemente contradictorios: se ha podido comprobar que la disminución de los impuestos genera un impulso de la actividad económica que no sólo compensa la temida pérdida de recaudación sino que engorda adicionalmente las arcas del Estado.
En el caso que nos ocupa, la disminución de la presión fiscal del IRPF se logra por varias vías: la disminución del tipo marginal máximo, que pasa del 48% al 45%, del mínimo, que se reduce del 18% al 15%, y un aumento de las desgravaciones por distintos conceptos, que incluyen desde un tratamiento mucho más favorable para las familias –incentivador de la natalidad–, a una reducción importante de la tributación de los rendimientos del capital, pasando también por una mejora de la fiscalidad de los productos de ahorro a largo plazo, como los seguros y los fondos de pensiones.
Pero que una reforma fiscal vaya, como es el caso, en la dirección correcta no quiere decir que sea la mejor para dotar al sistema económico de la mayor eficiencia posible.
Es un hecho, por ejemplo, que se podía y debía haber reducido sensiblemente más el tipo marginal que soportan las rentas relativamente altas, hasta el 40% que recogía el primitivo y genuino programa electoral del PP y que es la meta que se ha fijado un Gobierno tan poco sospechoso de liberalismo como el alemán.
La razón es que una reforma fiscal debe primar no a los ricos, sino a los más capaces de generar bienestar económico para el conjunto del país, y éstos son justamente aquellos que más ganan, ahorran y, al menor incentivo fiscal, optan por invertir, creando empresa y empleo, en lugar de consumir.
Esto es lo que jamás admitirá el Partido Socialista, y la falacia económica que tampoco este Gobierno está dispuesto a desenmascarar, equivocadamente, para no ser pasto de la demagogia.
Es evidente, verbigracia, que se va a desaprovechar una oportunidad de oro, como la que da la mayoría absoluta, para reformar el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones, a fin de reducir sus actuales niveles confiscatorios en pos de generar más inversión y riqueza.
En fin, y con independencia de futuros análisis, bienvenida sea la reforma fiscal, a pesar de la tristeza que producen sus limitados efectos. La teoría fiscal del bien menor, pero más asequible electoralmente, que parece manejar el Gobierno no deja de ser decepcionante.
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