El Gobierno y el PP no han encontrado, por el momento, nada contra Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda, más allá de que trabajó en la asesoría fiscal del BBV.
Son muchos los que desconfían en el seno del Ejecutivo y en la dirección del PP de su actuación y, por eso, el apoyo público es genérico y siempre condicionado a futuras revelaciones.
Por el momento, se ha cumplido el encargo de Aznar para que se pidan explicaciones a Rodríguez-Ponga sobre las informaciones que se han ido publicando. Es decir, lo más parecido a un interrogatorio, según fuentes del Gobierno.
Sin embargo, el responsable de Hacienda lo niega todo y sin fisuras en estas reuniones internas. Afirma que nunca tuvo conocimiento de la existencia de las cuentas secretas en paraísos fiscales, mientras trabajó para el banco.
Niega con insistencia haber elaborado el Manual con instrucciones para mover dinero en paraísos fiscales. Y rechaza las acusaciones de un testigo protegido que le vincula con movimientos bancarios en Puerto Rico, isla que asegura no conocer.
Según su explicación, el testigo protegido que lo implica lo hace por resentimiento hacia él. Incluso, Rodríguez Ponga ya ha presentado la querella contra un periódico.
La diferencia con Giménez-Reyna, asegura el Gobierno, es que éste, en la segunda reunión de este tipo, ya dejó claro que tenía algo que ocultar y, por eso, se forzó su dimisión. El asunto fue tratado el lunes en la reunión de maitines de La Moncloa.La tesis del Gobierno sigue siendo que el caso del BBV es un asunto privado, sin implicaciones políticas actuales. Sólo la colateral actuación de Ponga en el pasado puede quebrar esa estrategia.Además, permitiría a la oposición arremeter contra los errores en los nombramientos realizados por Montoro.
La situación del caso fue tratada también en una reunión celebrada el miércoles en el Congreso de los Diputados por los ministros Mariano Rajoy y Angel Acebes y los dirigentes del PP Javier Arenas y Luis de Grandes.
De esa reunión salió el encargo a los diputados Vicente Martínez Pujalte e Ignacio Gil Lázaro de actuar casi diariamente como arietes del PP frente al PSOE.
Se incluye la denuncia de las relaciones del BBV con los casos de financiación ilegal del PSOE ya sentenciados, como Filesa, o en fase de instrucción judicial, como el de las comisiones del AVE.
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