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EL MUNDO - OPINIÓN   

16 de Abril de 2002    


LA DELICADA SITUACION DE RODRIGUEZ-PONGA

Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda, anunció ayer que prepara acciones legales tras publicarse en La Vanguardia que un ex alto ejecutivo del BBV en Puerto Rico le ha implicado en la trama de las cuentas secretas, en su declaración judicial.


Según tal versión, este testigo protegido acusó a Rodríguez Ponga ante el juez Garzón no sólo de haber asesorado al banco sobre cómo blanquear dinero en paraísos fiscales sino además de ser el autor del manual para captar dinero negro, hallado en un registro de la sede de Privanza.

Rodríguez Ponga trabajó como asesor fiscal del BBV de 1992 a 1997, pero ha negado siempre cualquier conocimiento de la trama, argumentando que él no tenía ningún cargo en el banco y sólo se ocupaba del pago de impuestos en España. Su versión parecía y sigue pareciendo creíble y verosímil, ya que la trama exterior operaba de forma secreta y sólo el presidente, el consejero delegado y un reducido grupo de personas de su absoluta confianza conocían su existencia. Si altos directivos como Ignacio Goirigolzarri, actual consejero delegado, no sabían nada de estas cuentas secretas, es lógico suponer que tampoco lo supiese un simple asesor del banco.

No hay por qué cuestionar la palabra de Rodríguez Ponga, pero si la versión de La Vanguardia se ajusta a lo que ha declarado el testigo protegido, el secretario de Estado de Hacienda se encuentra en una delicada situación. Primero, porque es díficil entender el interés de un ex directivo del BBV en Puerto Rico en difamar a este alto funcionario. Y, segundo, porque la declaración fue hecha antes de que EL MUNDO revelara la existencia de la trama de cuentas secretas, lo que elimina una posible motivación política.

Rodríguez Ponga es el número dos de Hacienda y, como tal, el presidente de la Agencia Tributaria, que debe investigar la existencia de un posible fraude fiscal. Dado que se encuentra implicado por la declaración de dicho testigo, debería abstenerse en el esclarecimiento de este asunto, como establece la actual normativa legal sobre incompatibilidades.

Y debería inhibirse y delegar en un subordinado no ya porque puedan existir sospechas sobre su implicación en las cuentas secretas sino, sobre todo, porque, haga lo que haga, será difícil que su actuación sea percibida como neutral e independiente en un asunto en el que está en juego su honor.

La declaración de un testigo no es por sí misma motivo suficiente para que Rodríguez Ponga deje su cargo. Pero otra cosa bien distinta sería que el secretario de Estado de Hacienda tuviera que hacer frente a una imputación judicial. Aun respetando la presunción de inocencia, ello sí le obligaría a renunciar al cargo, puesto que, como hemos defendido en numerosas ocasiones, no se puede ejercer una responsabilidad pública bajo sospecha. Y menos un secretario de Estado de Hacienda si estuviera acusado de haber colaborado en un fraude fiscal. Pero eso, hoy por hoy, sólo es una hipótesis.



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