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La Audiencia de Málaga zanja el "caso del IVA". La Sección 2.ª emitió ayer la sentencia en la que condena a dos años y cuatro meses de cárcel al inspector de Hacienda Juan García por cooperación necesaria de un delito contra la Hacienda Pública, estafa y estafa continuada, porque validaba inspecciones a empresas relacionadas con familiares a sabiendas de que presentaban irregularidades.
Además, se le impone la pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo de inspector de tributos del Estado y de otros análogos por el delito de omisión de deber de perseguir delitos. La resolución de la Audiencia recoge una condena total de nueve años para siete acusados, incluido Juan García, y absuelve a los otros cuatro implicados.
Entramado de empresas
El conocido ‘caso del IVA’, en el que se cometió un fraude millonario a Hacienda, fue descubierto en 1995. En la sentencia se relata que se creó un entramado de empresas, de las que eran administradores y fundadores los implicados en este caso con el objetivo de defraudar a Hacienda.
Estas sociedades, algunas carentes de actividad mercantil, expedían facturas falsas sobre sus ingresos y transacciones de compraventa de inmuebles, e incluían en las declaraciones tributarias retenciones sobre rendimientos de trabajo de personal en las que hacían constar como trabajadores a personas con identidad ficticia. La finalidad era la de emitir facturas relativas a operaciones mercantiles inexistentes para su posterior entrega, mediante precio, a distintas sociedades reales y activas. Estas empresas presentaban las facturas como justificantes en las declaraciones obligatorias del IVA, con las que incluso conseguían que la Agencia Tributaria les devolviera dinero al aplicar este impuesto.
La Agencia Tributaria ordenó inspecciones en las sociedades implicadas, encargando éstas al ahora condenado Juan García. En los casos que expone la sentencia, este inspector extendió actas definitivas en las que se daban por «comprobado y conforme» las declaraciones tributarias realizadas por las empresas, a pesar de que presentaban claras irregularidades.
A los otros seis condenados se les imponen penas de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad en documento mercantil, entre otros.
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