La nueva reforma del Impuesto sobre la Renta, que promete ser la última de calado de lo que resta de legislatura, ha arrancado esta semana de manera formal con la presentación de las recomendaciones de la comisión de expertos, de las que no suele separarse demasiado el proyecto final del Gobierno.
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La buena noticia es que la presión fiscal directa volverá a bajar, producto de los nuevos planes. La duda es si no se podría ser todavía más ambicioso en el alivio de la carga tributaria, vista la positiva experiencia de la reforma anterior -que no sólo no tuvo impacto sobre la recaudación sino que contribuyó a alimentar la actividad económica-, y la ola de recortes fiscales que han aprobado o prometen otros países europeos gobernados por partidos socialistas como Alemania o Francia.
Por ejemplo, y por citar el nivel de tipos del impuesto, que constituye siempre uno de los asuntos nucleares y de mayor repercusión pública de la reforma, la rebaja del máximo del 48 por ciento actual al 45 por ciento es claramente timorata.
El primitivo programa electoral del PP lo fijaba en el 40 por ciento, lo que nos podría situar en la vanguardia de Europa, si entendemos por tal una fiscalidad lo más baja posible, compatible con un gasto público moderado y, por tanto, con un incentivo muy fuerte a la iniciativa personal generadora de riqueza. ¿Por qué desperdiciar una situación política de mayoría absoluta tan cómoda como la actual para no cumplir con el programa que se diseñó cuando se estaba en la oposición?
Al margen de los tipos del impuesto, las propuestas de la ‘comisión Lagares’ son interesantes en relación con la tributación del capital. Este es el caso de la rebaja del 18% al 15% por ciento del tipo para las plusvalías, que contribuirá a movilizar el dinero hacia destinos productivos generadores de actividad y de empleo.
También es destacable el esfuerzo que se hace por homogeneizar la tributación actual del ahorro, de manera que en adelante, y si el proyecto final del Gobierno acepta las recomendaciones de la comisión, todos los rendimientos de los productos de este tipo, desde depósitos o renta fija a seguros, tendrán una reducción del 40 por ciento en la base imponible a partir de dos años de antigüedad, y del 70 por ciento, pasados cinco años.
Finalmente, también supone un avance la posibilidad que se abre de reordenar el ahorro fiscal sin coste, con la propuesta que se hace de eliminar el vigente peaje fiscal que hay que pagar por cambiar de producto de ahorro. En cambio, las propuestas realizadas para incentivar los planes privados de pensiones, el gran fracaso de este país y, por tanto, un objetivo de mejora trascendental, son absolutamente insuficientes y pacatas.
Este aspecto, nuclear, básico, junto a una mayor ambición en lo que respecta a los tipos del impuesto, serán claves a la hora de emitir un juicio definitivo sobre el proyecto final del Gobierno. Hay tiempo para reflexionar, debatir y corregir lo que no deja de ser el punto de arranque de la nueva reforma fiscal.
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