Pese a reconocer la mejora lograda en los últimos años, la comisión pide estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tributan en módulos, más integración de los equipos de la Agencia Tributaria, y un endurecimiento del control de la información financiera y de las declaraciones de la renta.
Los expertos de la comisión Lagares, convocados por Hacienda, han reclamado al ministerio un mayor esfuerzo en la persecución de los grandes focos de fraude fiscal a la luz de los malos datos mostrados por los últimos informes de la OCDE y la Comisión Europea en los que se refleja la existencia de importantes bolsas de “economía sumergida”; sus estudios coinciden en que el impacto de las actividades no declaradas al Fisco en España podría situarse en torno al 22% del PIB a finales de 2000.
El grupo de técnicos que encabeza el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares cree que “la implantación del euro y las nuevas vías de deslocalización que se abren hacen todavía más prioritaria la detección y penalización del fraude fiscal” y señalan que la Agencia Tributaria debe intensificar su labor de control sobre las principales áreas de riesgo fiscal para “evitar la competencia desleal que en determinados ámbitos de las actividades profesionales y empresariales se está produciendo” y para que el “contribuyente perciba que la Administración, además de para ayudarle, está para descubrirle y sancionarle cuando trate de burlar las normas del tributo”.
Reclamaciones
Los expertos han trasladado a la Secretaría de Estado de Hacienda un listado de recomendaciones para mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria en la persecución de las infracciones fiscales.
“Al objeto de conseguir mejores resultados de los recursos ahora disponibles, la comisión propone que, manteniéndose la necesaria diferenciación entre los procesos de gestión e inspección de los tributos, se integran en un mayor grado en un único procedimiento”.
El grupo de expertos señala que, a partir de esa mayor integración de los cuerpos de la Agencia, la llamada “comprobación de ventanilla” de las declaraciones de la renta, que actualmente se atribuye a las oficinas de gestión, debería convertirse “en la principal fuente de comprobación de los contribuyentes ya censados”.
Como refuerzo de esta labor de control en ventanilla, el informe pide que la comunicación de los datos de trascendencia fiscal, que actualmente se realiza a petición del contribuyente, pase a realizarse de oficio para todos los declarantes, “aunque no lo hubiesen solicitado, para inducirles al cumplimiento” de sus obligaciones fiscales.
La comisión pide que “se preste especial atención a este servicio” para que el envío generalizado de los datos pueda extenderse a todos los contribuyentes “en los primeros meses de 2004”.
Los expertos vuelven a reclamar otra de las exigencias que ya se recogió en el primer informe Lagares, con motivo de la reforma del IRPF de 1998. El estudio asegura que la “simplificación de las obligaciones tributarias” y la “reducción del número de contribuyentes obligados a presentar declaración” que se ha logrado ya y que se multiplicará con la nueva reforma, “debería permitir desviar recursos humanos y materiales hacia funciones más directamente vinculadas a combatir el fraude fiscal”.
Con este objetivo, la comisión reclama a Hacienda la elaboración de un “programa que controle y visualice tan necesario trasvase de recursos”.
Pero donde los técnicos encabezados por Lagares han hecho más hincapié es en la necesidad de atajar las grandes bolsas de fraude. Los expertos señalan en este punto que es “necesario intensificar los esfuerzos de control e inspección en aquellas fuentes de renta y grupos sociales con mayores posibilidades de evasión fiscal por la vía de la deslocalización” y señalan como uno de los puntos más delicados de control tributario el colectivo de contribuyentes que tributa en el régimen de módulos –figura que acoge a buena parte del pequeño comercio y negocios del sector servicios–.
La comisión subraya que “los contribuyentes cuyos rendimientos se estiman mediante el sistema de módulos están obligados a llevar unos registros muy reducidos en relación con las facturas expedidas y recibidas, por lo que todos los contribuyentes que entren en contacto con ellos como clientes o proveedores pueden ocultar con cierta facilidad sus compras o ventas, lo cual suele constituir el primer eslabón de importantes cadenas de fraude fiscal”.
Los técnicos convocados por Hacienda piden, en consecuencia, que se cuestione la existencia de los módulos y que, al menos, se limite al máximo su uso.
Más cruces de datos
La comisión Lagares reclama que la Agencia “logre una integración completa de la información disponible” para perseguir el fraude y que se centre en los datos de las entidades financieras y registros patrimoniales.
La patronal de fondos de inversión y de pensiones, Inverco, señaló ayer mismo su respaldo a las propuestas de los expertos convocados por Hacienda. También ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en unas jornadas organizadas por el ICO que la propuesta del informe de la comisión Lagares es “positiva, coherente y realista” y confirmó la intención de respetar sus planteamientos en el borrador del nuevo IRPF que “se llevará a Consejo de Ministros en un plazo de dos semanas”.
Montoro señaló también que hoy mismo se trasladará a las comunidades autónomas, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el objetivo de equilibrio presupuestario que deberán cumplir “cada una de las autonomías”.
El Secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, por su parte, criticó en un debate en Expansión TV la propuesta de reforma del IRPF y aseguró que se trata de un planteamiento “poco ambicioso y regresivo", que volverá a beneficiar “a las rentas del capital sobre las del trabajo”.
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