La Agencia Tributaria potenciará este año el control sobre empresas de mediano tamaño, con un volumen de facturación anual entre 3 y 6 millones de euros.
El Plan General de Control Tributario para este año reforzará la inspección de Hacienda sobre las medianas empresas. La Agencia Tributaria pretende, con ello, equilibrar las actuaciones generales, que viene realizando entre las grandes tramas de fraude y empresas de gran tamaño; y las actuaciones parciales, que realiza sobre pequeños contribuyentes, según explicó ayer el director general de la institución, Salvador Ruiz.
La justificación de esta medida pasa por la detección de un porcentaje de empresas que escapan al control riguroso de Hacienda, porque son demasiado grandes para ser el objetivo de los órganos provinciales y regionales de la Agencia Tributaria y demasiado pequeñas para ser incluidas como grandes empresas y, con ello, susceptibles de ser integradas en los planes nacionales de inspección. De hecho, Ruiz reconoció ayer que la "tasa de rotación" de inspección -indicador técnico que mide la proporción de contribuyentes que son elegidos por el fisco para ser investigados dentro de un colectivo mayor- es muy baja.
Concretamente, Hacienda fija esta deficiencia en empresas con una facturación que oscila entre 3 y 6 millones de euros (500 y 1.000 millones de pesetas). "Se trata de sociedades de tamaño reducido o medio pero con una organización empresarial permanente y una participación significativa en el conjunto de la actividad de determinados sectores", reconocen fuentes de Hacienda. Las mismas fuentes admiten que se han detectado casos de empresas que han intentado eludir el control de los órganos de inspección -concentrados sobre cifras de negocio elevadas, superiores a 1.000 millones de pesetas- gracias al reparto de sus actividades entre varias sociedades dominadas por ellas.
El objetivo de Hacienda, por tanto, es vigilar que cada empresa figure en los correspondientes censos oficiales en función de su verdadero volumen de negocio, sin que éste sea fraccionado.
Aunque es difícil hacer un cálculo del número de empresas con una facturación entre 3 y 6 millones de euros -este porcentaje varía todos los años-, fuentes de la Administración reconocen que superan las 100.000 sociedades.
En el Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE) no existe una clasificación en función del volumen de negocio.
Sin embargo, sí aporta datos según el sector económico y el número de asalariados. En España hay más de 259.000 empresas que cuentan entre 3 y 5 trabajadores; 126.000, entre 6 y 9 asalariados; 86.000, de 10 a 19 trabajadores, y 71.000 con 20 o más asalariados. Las empresas que ahora serán objeto de un mayor control son, por tanto, sociedades ubicadas en un estrato entre las más pequeñas de las mayores y las más grandes de las pymes.
De hecho, muchas de ellas se pueden beneficiar del régimen fiscal especial para pymes. Desde enero de este año y gracias a las novedades incluidas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, en este régimen se ha ampliado de tres millones a cinco millones de euros el límite máximo de facturación para poderse acoger a estos incentivos.
Entre ellos, el régimen fiscal para pymes, incluye la posibilidad de tributar al 30% (el tipo general es del 35%) para los primeros 90.100 euros (15 millones de pesetas) de beneficios y la posibilidad de aplicarse mayores coeficientes de amortización.
También permite la amortización acelerada del inmovilizado material nuevo y del inmaterial, y la libertad de amortización para inversiones de escaso valor (menos de 600 euros) con límite de 12.000 euros.
Seguridad Social
Otro de los objetivos que perseguirá Hacienda este año es una mayor colaboración con otras Administraciones públicas. Entre ellas se encuentra la colaboración entre la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para el intercambio mutuo de información que sirva tanto para la regularización laboral de trabajadores en economía sumergida como para la detección de bolsas de fraude fiscal.
Por otro lado, Hacienda desea potenciar las herramientas telemáticas, aumentando el número de cruces informáticos para mejorar la selección de contribuyentes susceptibles de incurrir en irregularidades tributarias.
Los planes de control se completan con otras actuaciones como el movimiento de compraventa de acciones, actuación sobre sociedades de inversión mobiliaria, profesiones liberales, además de las actuaciones tradicionales sobre fraude en impuestos especiales (hidrocarburos e IVA, especialmente).
Zaplana podrá nombrar altos cargos sin límite
Las Cortes valencianas aprobarán mañana, por el procedimiento urgente de lectura única, una reforma de la Ley de Gobierno que permitirá al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, nombrar un número ilimitado de consejeros sin cartera y otros altos cargos. La reforma legal establece que el presidente podrá nombrar cuantos vicepresidentes y consejeros sin cartera desee, con lo que Zaplana salva la limitación establecida en el Estatuto de Autonomía, que fija un máximo de 10 consejeros 'con funciones ejecutivas'. Por otro lado, se crea la figura del secretario autonómico, intermedia entre el consejero y el subsecretario. Tendrán consideración de altos cargos los miembros del Gobierno, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y otros cargos con rango de director general. Desaparece la figura del secretario general, cuyas funciones asumirán los subsecretarios, aunque las atribuciones de estos últimos serán mayores. En el caso de los vicepresidentes sin cartera -actualmente son dos-, la reforma legal establece que les podrán ser adscritas secretarías autonómicas y centros directivos. El Partido Popular ha justificado la reforma por la necesidad de adaptar la ley al amplio marco de competencias asumidas por la Generalitat. El PSOE ha criticado el incumplimiento por parte de Zaplana de la promesa de reducir el número de altos cargos y la falta de debate, al votarse mediante el sistema de lectura única, tratándose de una ley que desarrolla el Estatuto de Autonomía.
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