Rebajar el tipo máximo del IRPF desde el 48% hasta el 46% y el tipo mínimo, desde el 18% hasta el 15%.
Reducir el número de tramos de la escala del impuesto a 5. Aunque se podría llegar a 4, el ministerio ve esta posibilidad como muy improbable.
Aumentar la cuantía de los mínimos exentos de forma que se beneficie a las familias con hijos y ascendientes y a las rentas bajas.
Creación de un sistema de pagas mensuales, denominado ‘impuesto negativo con derecho a devolución’, por el que las madres con hijos menores de 3 años puedan reclamar cada mes abonos a la Agencia Tributaria.
Los parados que encuentran empleo disfrutarán del mismo esquema de pagas mensuales, con una duración máxima de 2 años. El modelo será similar al que aplica Inglaterra, donde se abona al desempleado que localiza un puesto de trabajo una paga en torno a un 10% del salario que cobra en el nuevo empleo.
El alquiler de vivienda disfrutará de una rebaja en su fiscalidad hasta la mitad de los tipos que se le aplican actualmente. Para ello, se regularán unos coeficientes en el cálculo de los rendimientos logrados con el arrendamiento de las viviendas, ingresos que se separarán de las rentas del trabajo.
Se ampliará la desgravación aplicable a los dividendos de forma que se anule el efecto de doble tributación que se aplica ahora sobre este tipo de rendimiento a causa del pago previó, en el Impuesto sobre Sociedades, que debe realizar la empresa por sus beneficios anuales.
Hacienda quiere acabar con la disparidad de regímenes fiscales aplicables al ahorro y alcanzar una mayor neutralidad fiscal de los productos de inversión. El objetivo se aplica tanto al ahorro a largo plazo como a corto.
La reforma aumentará los incentivos de los planes de pensiones y de los seguros a largo plazo, especialmente, los de vida. Para ello, Hacienda plantea aplicar un sistema de rebajas fiscales basado únicamente en los plazos de antigüedad de la inversión.
El Gobierno no descarta abordar reformas también en el campo de las retenciones. Para empezar tiene el propósito de aplicar rápidamente a las retenciones de los incrementos del patrimonio el nuevo tipo mínimo del 15%, lo que supone rebajar los pagos a cuenta en 3 puntos.
En segundo lugar estudia la posibilidad de que los contribuyentes comuniquen directamente a la Agencia Tributaria datos como el número de hijos, de ascendientes a cargo, aportaciones a vivienda habitual o a planes de pensiones, con el fin de poder ajustar el cálculo de las retenciones a la situación real.
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