Los expertos fiscales no han tardado en responder al llamamiento de Hacienda para debatir la próxima reforma del IRPF.
Las primeras respuestas de los principales despachos de abogados y de las asociaciones profesionales consultados por EXPANSIÓN coinciden en la necesidad de avanzar de forma más generosa en la reducción del tipo máximo del impuesto de la renta, que el Ejecutivo pretende rebajar desde el 48% hasta el 46%; los expertos plantean reducirlo hasta el 40%.
Reclaman, además, apoyo decisivo a los planes de pensiones y el ahorro a corto plazo y la regulación de un método de partición de las rentas entre los cónyuges, fórmula conocida como splitting.
Los fiscalistas no han olvidado las reclamaciones aún pendientes que recogía el antiguo informe que la Comisión de reforma del IRPF, presidida por el catedrático Manuel Lagares, preparó en 1998 para la última reforma del impuesto. Esta misma comisión, de hecho, deberá volver a exponer sus planteamientos para la reforma ya en marcha.
El catedrático de Hacienda Pública, Juan Corona, miembro de la anterior comisión Lagares, destaca que el Gobierno “debe continuar la tendencia a la reducción de los tipos marginales, con el fin de disminuir los incentivos a la elusión fiscal, incrementar los incentivos a la productividad y garantizar la neutralidad con el Impuesto sobre Sociedades”.
Corona recuerda que ya en la primera legislatura se reclamó la reducción del tipo máximo hasta el 40%, de forma que quedase a tan sólo 5 puntos del tipo general de Sociedades y evitase la habitual utilización de sociedades fantasmas para esquivar la imposición del IRPF.
El tipo del 40% aparecía, además, recogido ya en el programa electoral del PP para los comicios de 1996.
Corona añade que esta reducción debería acompañarse de una “reducción del número de tramos del impuesto a tres [actualmente son seis] con idea de avanzar en la línea del impuesto horizontal para las rentas del trabajo”. Para las rentas del capital, el catedrático reclama la aplicación del denominado “impuesto dual”, que separa estos ingresos de las rentas del trabajo con el fin de darles una tributación diferente.
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Antonio Durán Sindreu, recuerda al Gobierno otra de las viejas reclamaciones del sector: la “deflactación automática de la tarifa y de los mínimos del IRPF”.
Durán señala que “la próxima reforma debe incorporar la actualización, anual y por ley, con el dato de inflación, de los mínimos exentos para acabar con la reducción que se produce en la práctica de las cantidades exentas de tributación a causa del encarecimiento de la vida”.
El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Valentí Pich, recoge en su escrito la reclamación de la deflactación y añade la petición de eliminación del régimen de transparencia fiscal.
Pich asegura que el motivo que originó el nacimiento de la transparencia fiscal –el aumento del control de la elusión fiscal de las sociedades profesionales– ha perdido sentido hoy en día con los mecanismos de vigilancia generales implantados, e implica grandes dificultades de cálculo del impuesto. Pich reclama además la regulación del splitting, sistema que permite compensar las bases imponibles de los dos cónyuges para rebajar el tipo del IRPF.
El presidente del REAF recuerda que esta fórmula “evitaría la discriminación actual a familias donde, pese a tener los mismos ingresos anuales que otra familia, la diferencia entre los salarios de marido y mujer es grande”.
Otro de los fiscalistas con los que ha contactado Hacienda para la nueva reforma del IRPF, Tomás Olalde, de Bufete Cuatrecasas, recuerda como uno de los objetivos a primar “la mejora de los incentivos al ahorro, a corto y largo plazo, para potenciar la atracción de inversiones”.
En este punto, el REAF reclama la eliminación del peaje fiscal que se cobra a los fondos de inversión cuando se traslada el capital de un fondo a otro. Javier Ragué, también de Cuatrecasas, recuerda la necesidad de “avanzar en el incentivo a la previsión social complementaria”.
La mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones se ha convertido, de hecho en uno de los aspectos más debatidos, después del mensaje lanzado el lunes pasado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que anunció el estudio de subvenciones a estos planes para los salarios medios y bajos.
El presidente de la patronal de consultoras de planes de pensiones (OCOPEN) y de la consultora Novaster, Diego Valero, defiende esta propuesta y destaca que estas bonificaciones “deberían rondar una aportación del Estado de un 10% de las cantidades destinadas por la empresa al plan de un empleado”.
El fiscalista Manuel Pavón, de la firma Pavón & Asociados, reclama al Gobierno otra reforma pendiente: la actualización del tope conjunto de tributación para renta y patrimonio, actualmente fijado en un 70% de los ingresos del contribuyente.
Pavón señala que el tope debe reducirse “debido a que para muchos de los contribuyentes del impuesto del patrimonio el actual límite resulta tan elevado que las distintas rebajas del IRPF aprobadas no han llegado a afectarles”.
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