MADRID. Los cuerpos de inspectores y subinspectores de Trabajo, dos colectivos integrados por más de 1.000 funcionarios cualificados de la Administración, podrían quedar fuera del organigrama de la futura Agencia Nacional de la Seguridad Social, el organismo que centralizará la gestión de todas las políticas de protección social de ámbito estatal en España.
Los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están elaborando el borrador del proyecto de ley creador de este organismo, que será remitido al Parlamento previsiblemente durante la próxima primavera.
La futura Agencia dependerá del Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, siguiendo en parte el modelo de la Agencia Tributaria (AEAT), que depende de Hacienda y gestiona la recaudación de impuestos de ámbito estatal y las aduanas.
En el caso de la Agencia Nacional de la Seguridad Social, sin embargo, el Gobierno podría optar finalmente por excluir del organigrama a la Inspección de Trabajo, a la luz de la experiencia que ha supuesto la integración en la AEAT de los inspectores y subinspectores de Hacienda, marcada por la conflictividad desde su puesta en marcha, hace 10 años.
Evolución
En los últimos 20 años, el número de declaraciones del IRPF gestionadas por Hacienda han pasado de dos millones, a casi 15 millones en la actualidad, sin que los medios de la inspección hayan evolucionado de forma paralela.
Además de los problemas laborales, que afectan especialmente a los subinspectores, el funcionamiento de la Agencia se ha resentido por el constante paso al sector privado con remuneraciones más altas de muchos funcionarios de elite, que conocen al detalle tanto el funcionamiento de la inspección como a las personas que la realizan.
La utilización política de la AEAT en cuestiones como la amnistía fiscal de 200.000 millones de pesetas que el PP atribuyó al PSOE, o los casos de corrupción detectados en instancias muy altas de este servicio, han afectado también al funcionamiento de la Agencia Tributaria, una experiencia que el Gobierno quiere evitar en la creación de la Agencia Nacional de la Seguridad Social.
El cuerpo de Inspectores de Trabajo está integrado por unos 320 funcionarios, adscritos a diferentes unidades y responsables de controlar el posible fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, que se canaliza a través de más de 1,3 millones de centros gestores. Además de la inspección de las cotizaciones, este colectivo tiene asignadas otras funciones en la prevención de riesgos laborales o en el control de irregularidades en la contratación.
Colectivos
Por otra parte, existe un colectivo de subinspectores integrado por unos 800 funcionarios, con competencias mucho más
limitadas que las de los inspectores. Aunque en menor medida que en Hacienda, la actividad de este colectivo ha estado marcada por la
conflictividad.Según los sindicatos, además, la actual organización del departamento permite fiscalizar con eficacia el posible fraude
en las cotizaciones a la Seguridad Social, pero no las funciones de prevención de riesgos o fraudes en la contratación.
De hecho, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Trabajo tarda entre tres y seis meses en inspeccionar las obras denunciadas en el
sector de la construcción.
La futura Agencia Nacional de la Seguridad Social, será un gigante de la Administración para el que trabajarán unos 35.000
funcionarios y gestionará un presupuesto de 94.000 millones de euros (16 billones de pesetas), lo que equivale al 15% del Producto Interior Bruto (PIB) español.
La nueva Agencia reunirá bajo una única dirección las competencias que en la actualidad tienen el Instituto nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina.Además, se integrará en este organismo la gestión de las prestaciones por desempleo del Inem, y los servicios no transferidos del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) y del de Migraciones y
Servicios Sociales (Imserso).
Simplificar y ahorrar
La puesta en marcha de un macro departamento como la Agencia de la Seguridad Social simplificará los trámites necesarios a la
hora de registrar la creación de empresas, las altas y bajas de trabajadores, la recaudación de cuotas, el pago de las prestaciones
por desempleo, el de las pensiones y la asistencia sanitaria, entre otros servicios públicos de ámbito estatal.
La decisión de integrar en un solo organismo toda la política de protección social, a excepción, probablemente, de una parte del
Instituto Social de la Marina, cobra sentido una vez cerrado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas.
Además de la simplificación del servicio a los ciudadanos, otra de las prioridades de la creación de la Agencia será la lucha contra
el fraude, que se canalizará a través de una unidad especial que dependerá del Ministerio del Interior, así como a través de una
estrecha cooperación con la Agencia Tributaria.
La fusión de todos estos servicios redundará, también en una reducción de los costes.