Hacienda está empeñada en sacar a la superficie la economía sumergida y acabar con los fenómenos económicos relacionados con ella, que, en muchos casos, quiebran la legalidad y, en todos, rompen el principio de igualdad ante los impuestos. El plan de inspección puesto en marcha tiene como objetivo aflorar bases imponibles ocultas y reducir el fraude en el pago de impuestos a la mínima expresión. La tarea que tiene por delante Hacienda es inmensa, si tenemos en cuenta que el propio plan prevé descubrir un fraude de 8.400 millones de euros (1,4 billones de pesetas), y que la economía sumergida, según todos los análisis recientes, alcanza un múltiplo elevado de esa cantidad.

Llama, sin embargo, la atención que el Plan Especial sobre Economía No Censada y Operaciones de Elevado Riesgo Fiscal –éste es el nombre del programa diseñado para este año por Hacienda– pretenda entre otras cuestiones entrar a saco en las operaciones que puedan generarse con el empleo de dinero negro, que tan profusamente ha salido de los cajones en los meses previos a la llegada física del euro. Sorprende que se repare ahora en este asunto, porque mal pueden en este momento perseguirse operaciones de hace un año, cuyas pistas, en la mayoría de los casos, son únicamente la legalización de patrimonios ocultos, que en su mayoría ya se han retratado con Hacienda, al menos parcialmente, por el simple hecho de aparecer.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando recientemente se le preguntaba por la laxitud administrativa ante las supuestas avalanchas de dinero negro que llegaban a los concesionarios de coches de importación, contestaba que ya pagaban sus impuestos al adquirir automóviles. En otras palabras, que una semiamnistía fiscal para estos patrimonios ocultos (en Italia se ha hecho una amnistía completa que aspira a propiciar el regreso al país de miles de millones de euros) reporta al erario público resultados inesperados.

Pero en términos genéricos, como está planteado, el plan de inspección debe contar con el apoyo de las fuerzas políticas y sociales. Hurgar en las operaciones de compra y venta de acciones, en las plusvalías de sociedades de inversión mobiliaria, en los alquileres no declarados, en la actuación de los chiringuitos financieros (después de lo que ha llovido con el caso Gescartera), en el pago siempre oscuro del IVA, en las operaciones de colectivos como los oftalmólogos o notarios necesita el más amplio respaldo porque Hacienda somos todos.

De la eficacia del plan y de la pauta de actuación que establecerá para el futuro depende que el esfuerzo fiscal esté más repartido y sea más justo. La optimización de los ingresos permitirá reducir la carga fiscal en las futuras reformas que se preparan y posibilitará al Estado disponer de más recursos para ampliar el bienestar social, mejorar la formación y el equipamiento, los servicios sanitarios y, sin duda, acortar las diferencias de renta y de bienestar que aún separan a España de otros países de la Unión Europea.

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