Hacienda ha aprovechado la ley de acompañamiento de los presupuestos para mejorar la tributación de la previsión social complementaria de forma que los contribuyentes puedan llegar a desgravar un máximo de casi 14.500 euros anuales.
El nuevo año comienza con importantes incentivos para las empresas y particulares que decidan invertir en planes de pensiones. El Gobierno ha dado un paso decidido hacia una de sus viejas promesas, el salario diferido.
La ley de acompañamiento que entró en vigor el pasado martes regula una fuerte mejora de las ventajas fiscales aplicables a los sistemas de cobertura social complementaria, que permitirá elevar hasta casi 14.500 euros, casi ocho millones de pesetas, las aportaciones anuales a planes de pensiones de un empleado frente a los cerca de 7.200 euros, 2,5 millones de pesetas, máximos que se podían alcanzar con el viejo sistema.
El objetivo del Gobierno es romper con la escasa aceptación tradicional que han tenido los sistemas de cobertura privada. España, de hecho, ha figurado siempre entre las últimas posiciones del ránking europeo por aportaciones per cápita a los planes de pensiones.
Para lograr este cambio y conseguir que la creación de planes se convierta en una práctica habitual y beneficiosa para las empresas, Hacienda ha preparado un notable aumento de las cantidades que pueden aportar los contribuyentes que superen los 52 años.
En concreto, por cada año que exceda de los 52, la cantidad adicional a los 7.212,15 euros, 1,2 millones de pesetas, de aportación máxima general se duplica, pasando de 601,01 euros por año, 100.000 pesetas, a 1.202,02 euros, 200.000 pesetas.
Doble plan
El fuerte aumento que puede suponer este cambio se unirá a otra mejora clave: la posibilidad de aplicar estos topes de aportación íntegros, por un lado, al plan de pensiones particular de cada contribuyente y, por otro, al que le pueda dotar la empresa en la que trabaja.
El resultado es, de esta forma, la duplicación de las cantidades que se pueden invertir y desgravar en los planes, llegando a una cifra total de aportación anual máxima de 14.424,3 euros, 7,8 millones de pesetas, para las personas con 65 años.
Esta posibilidad de abrir dos planes de pensiones, uno correspondiente a la empresa y un segundo a título personal, podrá ponerse en práctica, también entre los empresarios individuales, de forma que puedan alcanzar igualmente el tope de los 14.424,3 euros.
Además, el Ejecutivo ha decidido suprimir los límites porcentuales establecidos hasta ahora a las aportaciones a planes de pensiones individuales. El tope eliminado es el que establecía que la aportación máxima no podía superar el 25% de la suma total de los rendimientos netos del trabajo, actividades económicas y de imputaciones de sociedades transparentes.
En el caso de los mayores de 52 años este tope porcentual se elevaba hasta el 40 por ciento. A partir del pasado 1 de enero, tan sólo sigue vigente el tope no porcentual, el numérico: el que fija la aportación anual a los planes en 7.212 euros con carácter general, sin tener en cuenta las ampliaciones para los mayores de 52 años.
El propósito final del Gobierno es conseguir que los planes de pensiones se conviertan en un sistema habitual entre la población. Con este objetivo ha eliminado uno de los preceptos que se habían convertido en un claro tope a la expansión de esta fórmula de ahorro: la imposibilidad de constituir un plan cuando las rentas no procediesen del trabajo o de los ingresos conseguidos por medio de actividades económicas.
Con la entrada del nuevo año, los planes de pensiones se pueden dotar con aportaciones procedentes de cualquier origen.
Fórmulas empresariales
Hacienda también ha reforzado los incentivos a la empresa consciente de que será imprescindible convencer a los directivos de la bondad del salario diferido para que realmente se cree un colchón de cobertura social privada entre los trabajadores españoles.
Al margen de que todas las ventajas aplicables a los planes privados afectarán a los planes de las empresas, el Gobierno permitirá a las compañías realizar una doble deducción: por un lado, la totalidad de las aportaciones a los planes de empleo –nombre con el que se conoce a los planes de pensiones que constituyen las compañías– se podrá deducir de la base imponible de las sociedades, y por otro, se crea una deducción del 10% adicional en la cuota del impuesto.
Los expertos han acogido de buena gana las reformas. Todos los análisis apuntan a la necesidad de que este tipo de sistemas se multipliquen en España e indican que sus efectos beneficiosos se percibirán incluso en la inflación, al trasladar parte de la actual liquidez de que disponen los ciudadanos hacia un tipo de ahorro que compromete toda la vida de los contribuyentes y que sólo se puede rescatar, salvo paro prolongado o determinados tipos de enfermedad, en el momento de la jubilación.
Sin embargo, no parece que la batería de medidas de apoyo a los planes haya concluido. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, ya ha adelantado que en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que prepara el Gobierno y que deberá entrar en vigor en 2003, volverá a haber nuevos incentivos al ahorro a largo plazo y, de forma especial, para los planes de pensiones individuales y de empresa.
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