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El Gobierno de Aznar ha sido el primero de la democracia en bajar los impuestos. Los críticos insisten en que lo que se ha reducido, en puridad, han sido los impuestos directos, mientras que los indirectos y las tasas se han incrementado al mismo tiempo.
Esta última es una realidad discutible que, sin embargo, no mengua la trascendencia de la decisión principal: la reforma del Impuesto sobre la Renta promovida por el PP inyectó casi 800.000 millones de pesetas en los bolsillos de los contribuyentes.
Las rentas medias y bajas fueron claramente beneficiadas por la decisión, y la reforma de las plusvalías que se adoptó en la primera legislatura y que se ha ido consolidando en esta segunda ha establecido un marco de legislación fiscal más racional, promotor de la actividad económica y del ahorro, y en el que están interesados no sólo los ricos sino los millones de ciudadanos que tienen fondos de inversión y que operan en la bolsa.
Aquéllos fueron buenos tiempos, tan buenos que los responsables de la política económica se permitían algún desatino. Por ejemplo, los ministros Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro solían decir entonces que la opinión pública quiere menos impuestos, menos inflación, menos déficit público, y al mismo tiempo más gasto, más servicios, más Estado de Bienestar, y que el PP estaba demostrando que todo se podía hacer a un tiempo.
Pero no había que ser demasiado inteligente para colegir que la cuadratura del círculo sólo puede ser producto de la soberbia o de un momento de éxtasis.
Ahora estamos viviendo el resultado de tal contrasentido. Como el gasto público no se ha reformado en absoluto, el equilibrio presupuestario se quiere mantener a toda costa –un objetivo que merece la pena– y el crecimiento económico se ha desacelerado, es preciso subir los impuestos.
Es normal, pero muy desagradable para quien aspira a mantener el marchamo de que su prioridad política sigue siendo bajar los tributos.
De hecho, y desde la reforma del IRPF, lo cierto es que la política tributaria se ha vuelto progresivamente más restrictiva. Lo es desde que se renunció a actualizar la tarifa del IRPF con arreglo a la inflación, y lo será más el año que viene, cuando se hagan presentes las anunciadas subidas de la gasolina, el tabaco, el alcohol y los impuestos que soportan las pymes, los autónomos y los profesionales que tributan a través del sistema de estimación objetiva.
Se puede decir que la UE nos obliga a aumentar los impuestos especiales para acercarlos a los estándares europeos –y es verdad–; también que el nuevo sistema de financiación autonómica que los políticos españoles han firmado resulta muy costoso y exige financiación adicional –lo cual, por cierto, no se ha explicado a los ciudadanos–, pero lo que será difícil mantener en adelante es que el Gobierno del PP baja los impuestos cuando lo que hace de un tiempo a esta parte es subirlos.
Y no hay duda de que tal incoherencia destruye la reputación pública ganada y obliga a tomar medidas urgentes para restaurarla. No será sencillo.
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