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Bien poco ha durado la burbuja de optimismo militante e inflado de los Presupuestos Generales del Estado para 2002. En realidad, algo menos de dos meses. En los mismos días en que el Ejecutivo da a conocer la revisión a la baja del objetivo de crecimiento para el próximo año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia una subida generalizada,
aunque moderada, de los Impuestos Especiales. Ambas decisiones suponen, más allá de excusas y justificaciones, una modificación de los mismos cimientos de los Presupuestos, por la vía del crecimiento y de los ingresos. La mayoría de los analistas ya advirtieron en su momento que las cuentas de Montoro fallaban en lo principal, es decir, en las magnitudes macroeconómicas. Difícilmente, dijeron, se cumpliría la previsión de crecimiento del 2,9%, por lo que la partida de ingresos calculada se caía por su propio peso.
Desde el Gobierno, se tacharon estas advertencias como de mensajes agoreros, pero, al final, no han tenido más remedio que darles la razón. Lo grave del asunto es que este giro estratégico en los Impuestos Especiales se ha tenido que efectuar a un
mes vista de la entrada en vigor de los Presupuestos, lo que da mucho que pensar acerca de cuántos cambios más nos esperan a lo largo del camino en cuesta arriba que se avecina en 2002. Por lo pronto, y a la vista de este tirón hacia arriba tributario, se supone descartada, en teoría y de momento, la rebaja fiscal centrada en el IRPF anunciada tantas veces por el Ejecutivo.
En cualquier caso, la subida anunciada por Montoro en los Impuestos Especiales
ya ha sido acogida con frialdad por los agentes económicos y los expertos.
No en vano, se trata de una medida peligrosa, por cuanto incidirá directamente
sobre la inflación. En este sentido, se anuncia justo cuanto los precios parecían emprender sendas más moderadas, a pesar de los muchos peligros que siguen rondando en torno a esta variable. Por otro lado, las Comunidades Autónomas tampoco se muestran muy conformes con el cambio, en la medida en que habían decidido no hacer uso de su flamante capacidad normativa para subir impuestos, con el fin de no perder votos por otro lado. Ahora temen que Montoro les eche sobre sus espaldas la responsabilidad de esta subida, alegando que se pone en marcha para financiar la falta de previsión
de las autonomías en materia sanitaria. La realidad es bien distinta, ya que algunos expertos se preguntan por qué Hacienda descubre a estas alturas que estaba pendiente la factura del traspaso de competencias de Sanidad, cuando era algo más que sabido desde toda la vida.
En opinión de muchos, hubiera sido políticamente más razonable, por parte de Hacienda y del propio Gobierno, el aprovechar el “efecto crisis” que se vivía en septiembre para lanzar unos Presupuestos más ajustados, incluso a la baja, a la cruda
realidad.
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