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Hacienda opta por incentivar al arrendador particular, que absorbe más del 80% del mercado de alquiler en España.
El Gobierno proyecta incorporar en la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que entrará en vigor en 2003, mejoras fiscales a los propietarios de vivienda que destinen inmuebles al alquiler.
La iniciativa forma parte de la nueva orientación del Gobierno a la política de vivienda, cuyos ejes se centran en mejorar la accesibilidad de la demanda y aumentar la oferta inmobiliaria, tanto en alquiler como en propiedad, con unos precios más asequibles.
El departamento de Cristóbal Montoro aprovechará la reforma del IRPF para mejorar exclusivamente la fiscalidad de los arrendadores particular, ya que concentran la mayor parte de las operaciones de alquiler frente a la todavía escasa penetración de las empresas.
La medida se coordinará conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el de Fomento, dentro del nuevo plan integral de apoyo a la familia. Fuentes de departamento que dirige Juan Carlos Aparicio subrayan que inicialmente "se trata de una medida destinada exclusivamente a los particulares, ya que concentran la mayor parte de los contratos de arrendamiento en España".
Según los últimos cálculos, más del 80% de las operaciones de arrendamiento se realizan entre particulares.
Existen otras razones de peso. En España hay alrededor de 2,2 millones de inmuebles sin habitar, aunque los empresarios señalan que menos de la mitad están en condiciones de arrendarse –excluyen viviendas en núcleos urbanos de escasa población e infraviviendas–.
Según Trabajo, las desgravaciones animarán a muchos propietarios a sacar al mercado esas viviendas ociosas. Los empresarios subrayan que la mejor fiscalidad permitiría aflorar una buena suma de dinero no declarado en este tipo de operaciones poco transparentes.
Empresas
Francisco Álvarez Cascos manifestó hace escasos días la necesidad de coordinar las iniciativas de su Ministerio con el de Hacienda para mejorar la accesibilidad al alquiler. En su opinión, "hay que preguntarse por qué es más rentable alquilar un oficina que una vivienda".
Precisamente, el próximo Plan de Vivienda 2002-2005 aumenta las subvenciones destinadas a la promoción de viviendas protegidas de alquiler, con unos precios limitados al 4% del valor total de inmueble.
El Ejecutivo también ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de incluir deducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que promocionen edificios de alquiler.
Fuentes del Gobierno aseguran que la medida se encontraba bastante madura en la Dirección General de Tributos, aunque se ha paralizado, entre otras cosas, por los cambios organizativos en el Ministerio a la raíz de la dimisión de Enrique Giménez Reyna –sustituido por Estanislao Rodríguez Ponga–.
La medida recoge la tradición de la denominada Ley Larraz, una norma de la década de los cuarenta que supuso un boom del sector inmobiliario.
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