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El caso Gescartera ha pasado
como un tornado por la Agencia Tributaria. A pesar de que este escándalo
sólo afectó de refilón al organismo, lo cierto es que se ha destapado a su
paso la caja de los truenos. Se ha agravado la situación de incertidumbre
y malestar, según los más prudentes, o de claro caos, en opinión de
muchos, que se vive en la Agencia. Un informe del Tribunal de Cuentas,
referido a Ciudad Real pero ampliable a otras zonas, pone seriamente en cuestión
los métodos de funcionamiento y de gestión del organismo. Además, funcionarios
de Gestión de Hacienda, entre los que se encuentran los subinspectores, se
rebelan, denunciando el cobro de sobresueldos en la Agencia y una supuesta
manipulación de las cifras referidas a la lucha contra el fraude, que en
su opinión, ha fracasado.
Para intentar atajar este descontrol, el ministro Cristóbal Montoro ha incluido
en la Ley de Acompañamiento un drástico recorte de la autonomía financiera de la AEAT, al tiempo que lanza promesas, que ya nadie se cree, de descubrir hasta 1,4
billones de pesetas en fraude.
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