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Las señales de alarma
se encendieron a raíz de la presentación de los últimos Presupuestos
Generales del Estado. Analistas y expertos se las vieron y desearon para
efectuar una valoración medianamente rigurosa de estas cuentas, ante la
falta de datos necesarios para efectuar comparativas. Lo grave es
que éste no fue un caso aislado. Desde hace unos años, el área económica,
bajo la batuta del vicepresidente Rodrigo Rato, practica una política cada
vez más oscurantista, al negarse a facilitar informaciones sobre aspectos
como las finanzas del sector público, recaudación tributaria o la política
de endeudamiento. Hasta tal punto ha llegado esta estrategia, que en
ocasiones, incluso, algunos Ministerios llegan a bordear la legalidad, al
no acatar de forma plena determinadas normativas sobre difusión de
información pública. Al mismo tiempo, tanto los ministros como otros altos
cargos de la Administración evitan acudir al Parlamento, por lo que las
peticiones de comparecencias se empiezan a acumular de forma
preocupante.
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