Enrique Giménez-Reyna se 'interesó' por varios expedientes fiscales relacionados con Gescartera mientras fue alto cargo de Hacienda. Tal actuación fue negada por él mismo y por su ministro, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. Pero la 'pieza separada' de documentación 'secreta' que Hacienda remitió a la Audiencia Nacional les desmiente a ambos. Confirma que Giménez-Reyna organizó y asistió a una reunión con el general Blanes y con el entonces director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, para pactar la deuda tributaria de los Huérfanos de la Guardia Civil, y se 'interesó por el recurso de reposición' de la Mutualidad de la Policía y logró, antes de su cese, el 'sobreseimiento' del expediente sancionador.
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios acaba de levantar el secreto de todos los informes remitidos por Hacienda para las partes y los abogados de las distintas acusaciones populares han tenido acceso a ella. Y los abogados que, además, han seguido las informaciones periodísticas sobre la comisión de investigación del escándalo Gescartera se han percatado enseguida de ciertas discrepancias entre lo que Enrique Giménez Reyna, Salvador Ruiz Gallud, Ignacio Ruiz-Jarabo y Cristóbal Montoro declararon en el Congreso de los Diputados, bajo la obligación de decir la verdad, y lo que la propia Hacienda les ha remitido como información secreta.
La auditoría realizada por Hacienda sobre las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna concluía que no había 'nada fuera de los parámetros normales'. Así lo subrayó el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, muy aficionado a 'los parámetros normales'. Y el ministro Montoro subrayó ante la Comisión Gescartera que 'no hubo trato de favor' a nadie relacionado con la agencia de Antonio Camacho.
Las reuniones
Pese a tanta normalidad, Giménez-Reyna, en la primera quincena de marzo de 2000 cuando era director general de Tributos, organizó 'una reunión en el despacho del director de la Agencia' Tributaria, entonces Ignacio Ruiz-Jarabo. Su sucesor en la Agencia, Salvador Ruiz Gallud, aseguró en el Congreso que él no puede saber nada, por su cargo, de expedientes fiscales concretos. En marzo de 2000, sin embargo, su antecesor y Giménez-Reyna analizaron con el general de la Guardia Civil Antonio Blanes una deuda tributaria resultado de una inspección que concluyó en marzo de 1996 y que ascendía a 274 millones de pesetas.
Pese al tiempo transcurrido (cuatro años), Blanes logró que le trocearan la deuda para pagar, en total, esos 274 millones. Él dijo en el Congreso que esa cifra corresponde a la deuda con intereses de demora y recargos. Según la información remitida por Hacienda a la Audiencia, los Huérfanos de la Guardia Civil arrastran esa deuda con el fisco desde mayo de 1997, fecha del acta de disconformidad.
Blanes admitió aquella visita y la argumentó porque conoce, desde siempre, a la familia Giménez-Reyna. Un año después, además, Blanes embarcó a los Huérfanos en Gescartera, donde el Instituto Armado ha perdido 420 millones de pesetas.
La Mutualidad de Policía, otro gran cliente de Gescartera, también acudió al despacho de Enrique Giménez-Reyna, en marzo de 2001 y ya como secretario de Estado de Hacienda, según relata el informe del Ministerio a la Audiencia. Este diario informó el pasado martes de esa reunión. La información de Hacienda subraya que fue el secretario de Estado quien 'se interesó por el recurso de reposición' de la Mutualidad y el 6 de julio 'procede al sobreseimiento de archivo del expediente sancionador al no apreciarse principio de culpabilidad. La Mutualidad de Policía recibió la información de que se le condonaba una multa de 802 millones el 26 de julio, un día antes de que se hiciera efectiva la dimisión del secretario de Hacienda.
Otra de las cuestiones que Montoro y Ruiz Gallud han subrayado con insistencia es que, para 'investigarlo todo y no constatar irregularidades', han entrevistado a muchos técnicos. Y 'todos dicen no haber recibido instrucciones de hacer o de no hacer'. Sin embargo, en la documentación remitida a la Audiencia Nacional se destaca que un 'inspector actuario ha señalado que se le dio orden verbal de no proceder al inicio de actuaciones' de una investigación fiscal a la ONCE (Organización Nacional de Ciegos). Tanto tiempo pasa sin que nadie inicie esas actuaciones que '1.542 días después' éstas 'finalizan en baja' por 'cambio del programa'.
Actividades del alto cargo
La información remitida por Hacienda a la Audiencia también pasa revista a las múltiples entidades que, entre 1996 y 1999, hicieron retenciones a cuenta por pagos a Enrique Giménez-Reyna.Son nada menos que 75 'retenedores', muchos de ellos repiten en varios años y, según las fuentes consultadas, probablemente la mayoría de estos pagos correspondan a conferencias impartidas por el alto cargo de Hacienda en esos años. En una decena de estas entidades, Giménez-Reyna figura además como consejero. Aparece como consejero, por ejemplo, de Sevillana de Electricidad, de Hacienda El Olivar, de Velazquez Worldwide, y de dos empresas conjuntas con los hermanos Zurdo como abogados y como consultores.
Los pagadores son, en su mayoría, asociaciones y colegios profesionales, bancos y cajas de ahorro, fundaciones, Cámaras de Comercio, la SEPI, Universidades... Y, una curiosidad, también es pagador de Enrique Giménez-Reyna el Estudio Jurídico y Fiscal de la empresa auditora D and T (Deloitte and Touche), la auditora de Gescartera ahora investigada por el ICAC (el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) por posibles irregularidades en aquellas auditorías.
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