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HOY tendrá lugar el último debate en el seno de la comisión parlamentaria de investigación creada para investigar la estafa de Gescartera, y ya se conoce la insuperable disparidad de criterio entre las conclusiones de la mayoría gubernamental y las de las formaciones de oposición, con excepción de CiU y CC que como habitualmente se han alineado con el partido gubernamental. Infortunadamente, la opinión pública, que ha asistido con gran escepticismo a este procedimiento parlamentario, ha detectado ya que ninguna de las dos partes ha acertado en su diagnóstico; que los intereses particulares de la mayoría y de las minorías han hecho fracasar a la comisión. Como otras veces. Como siempre.
El PP, sorprendido por el primer gran escándalo de su etapa de poder, tuvo el acierto inicial de impulsar la investigación parlamentaria, y con gran énfasis. El propio presidente del Gobierno manifestó estar decidido a «llegar hasta el final» en aquel vidrioso asunto, en el que se encontraba directamente implicado el secretario de Estado de Hacienda, y prometió hacerlo «caiga quien caiga».
En realidad, los datos decisivos que permiten una valoración política de lo ocurrido no se han obtenido gracias a los trabajos de la comisión parlamentaria, sino que son de origen judicial y periodístico. Fue la prensa la que detectó primero que existió una malsana connivencia entre el propietario de Gescartera, el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Y fue la divulgación desde el juzgado del contenido de la agenda de Pilar Giménez-Reyna, hermana de Enrique y presidenta de la sociedad de valores, la que dejó en evidencia a Valiente y le obligó a presentar la dimisión, como antes había hecho el secretario de Estado. Sucesivas revelaciones pusieron en claro la conducta inaceptable del vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, quien aceptó regalos cuantiosos de Camacho, mintió ante la comisión parlamentaria y mantuvo con el autor de la estafa una relación impropia.
En definitiva, ha quedado de manifiesto que la CNMV, que consideró la posibilidad de intervenir Gescartera en 1999, se equivocó gravísimamente al no hacerlo; que con toda probabilidad este error está relacionado con el hecho de que la presidenta de Gescartera fuera hermana de un alto cargo del Ministerio de Hacienda; que Luis Ramallo desempeñó un papel relevante en la comisión de tal error; que la CNMV demostró incapacidad técnica al admitir como válidos documentos falsificados; que la CNMV fue incapaz de advertir la gravísima estafa, que sólo salió realmente a la luz y provocó la intervención de la agencia de valores después de que CajaMadrid presentara una denuncia por la falsificación detectada de un sello de caucho de su entidad. Por supuesto, quienes eligieron a los personajes que han escenificado este drama para ocupar cargos públicos han incurrido en responsabilidades ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, que son evidentemente subjetivas y cuya depuración forma parte del debate político. Indirectamente, han salido también a la luz ciertas aparentes dificultades de Rodrigo Rato en sus empresas. Pero el PSOE y las restantes fuerzas opositoras se han equivocado absolutamente al relacionar la estafa de Gescartera con tales incidentes. La comparecencia de Rato en la comisión puso de manifiesto este error, que los socialistas no han rectificado.
Las conclusiones del PP exoneran a los miembros del Gobierno, Rato y Montoro, sobre los que, en efecto, no pesan acusaciones directas. Pero es insostenible que no se rechace con vigor la actuación de Luis Ramallo, cuya conducta contrasta con la dureza con que este personaje se comportó en el pasado en el Parlamento en relación con otras corrupciones, y que se dé por adecuada la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y aun de la propia Agencia Tributaria. Aquella naufragó absolutamente, y ésta ha demostrado al menos preocupante ineficacia: no se ha explicado aún cómo es posible que se interrumpieran sin motivo aparente varias inspecciones a Gescartera. Tampoco se ha entrado a fondo en la escabrosa participación de la ONCE en el escándalo.
El PP se ha quedado, en fin, manifiestamente corto en su exigencia de responsabilidades, lo que demuestra que las varas de medir de los partidos varían sensiblemente según estén en el poder y en la acusación. Y el PSOE, más interesado en desgastar a Rato que en establecer la verdad de lo ocurrido, ha equivocado el tiro. En definitiva, la sociedad contempla el espectáculo con comprensible estupor, perfectamente consciente de que no se ha llegado a establecer toda la verdad, de que nadie tenía demasiado interés en encontrarla, de que sigue sin ser cierto que Hacienda somos todos y de que, pasado un tiempo prudencial en prisión, Antonio Camacho se reirá de nosotros mientras disfruta en cualquier remoto paraíso de su cuantioso botín, arrancado a partes iguales a incautos ahorradores honrados y a pícaros que se merecen sin duda lo que les ha ocurrido. |
