El Tribunal de Cuentas ha detectado graves deficiencias en la gestión de impuestos efectuada por la Agencia Tributaria en el periodo 1995-1997, según consta en el informe de fiscalización aprobado el pasado martes, centrado en la delegación de Ciudad Real. La afirmación de que las deficiencias son extrapolables a otras provincias se ha eliminado de la redacción final. La recaudación neta en Ciudad Real ronda los 100.000 millones de pesetas anuales.

El Tribunal de Cuentas inició su trabajo en la delegación de Hacienda de Ciudad Real en noviembre de 1996, pero tuvo que suspender sus actuaciones durante un año, ya que la Agencia Tributaria negó el acceso de los inspectores a su sistema informático de gestión de tributos y se opuso a la entrega de los documentos en los que constan las autoliquidaciones, las declaraciones y otros datos tributarios.

La pugna entre el tribunal y Hacienda, de la que no constan precedentes, se desbloqueó parcialmente con la modificación de la Ley General Tributaria en el mes de diciembre de 1997, periodo durante el que se produjo un permanente cruce de cartas entre los máximos responsables de ambos organismos.

El documento, aprobado definitivamente el pasado viernes 2, revela "importantes insuficiencias" en la actividad de inspección desarrollada en estos años por la Agencia. El tribunal denuncia la inexistencia de documentación sobre los procesos de planificación plurianual y falta de explicitación de los criterios que presidieron las actuaciones inspectoras, así como de los estudios sobre la distribución del fraude.

También echa en falta una participación más generosa de la delegación en la selección de los colectivos de riesgo y en la fijación de los programas de inspección. El borrador de informe inicial señalaba que las insuficiencias encontradas en la delegación se consideraban extrapolables a la totalidad de la Agencia Tributaria, circunstancia que ha sido corregida en los retoques finales dados al informe definitivo.

El tribunal recomienda reducir las actuaciones masivas "propias de campañas exhaustivas" y ampliar las actuaciones dirigidas a colectivos "cuidadosamente seleccionados", basándose en criterios objetivos y de eficacia, bien por tramos de fraude o por el origen de la información. El organismo fiscalizador emplaza a la Agencia Tributaria a intensificar su trabajo sobre los contribuyentes de mayor riesgo y fraude, reduciendo las actuaciones sobre el resto a campañas de carácter "ejemplarizante".

Escaso control interno

El informe desvela que hay "importantes debilidades" sobre el control interno de la delegación de Ciudad Real, entre ellas la inexistencia de un sistema adecuado de revisión de las actuaciones, la ausencia de registro informático de las mismas y defectos en la planificación de la gestión de los tributos.

Los inspectores han encontrado "en muchos casos" falta de justificación de decisiones referidas a la liberación de declaraciones retenidas, el trasvase de expedientes a la inspección o el envío de requerimientos a los contribuyentes. El número de presuntos incumplimientos derivados del cruce informático de datos fue muy alto y corresponden, en su mayoría, a actividades que habían tramitado oportunamente la baja o bien a obligaciones cumplidas con anterioridad a la emisión del requerimiento de Hacienda al contribuyente.

Por otra parte, el tribunal observa que no existe un sistema automático para la selección concreta de los presuntos incumplidores de las obligaciones fiscales a los que es necesario el traslado de los requerimientos. Ello depende, se lee en el informe, de la "decisión discrecional del delegado, del jefe de la dependencia de gestión tributaria o de otros funcionarios de menor nivel jerárquico".

Notificaciones fallidas

La fiscalización ha detectado, asimismo, deficiencias centradas en el alto número de notificaciones fallidas y numerosos errores de grabación de los datos. Las actividades de mantenimiento y depuración del censo presentan "insuficiencias de información" y una "defectuosa" documentación de las actuaciones. El tribunal destaca la inactividad frente a numerosos contribuyentes a los que no se ha podido notificar o que no contestan a los requerimientos.

A juicio del tribunal, es conveniente que la delegación de la Agencia en Ciudad Real mejore la planificación de todas las áreas de gestión de los tributos, mediante la definición de objetivos y la cuantificación de éstos. En particular, se detecta la falta de estudios suficientemente detallados sobre el fraude.

El informe definitivo de fiscalización de la Delegación de la Agencia en Ciudad Real fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el martes. En 1996, fecha de inicio de la fiscalización, ocupaba la dirección de la Agencia Tributaria Jesús Bermejo, relevado un año más tarde por José Aurelio García Martín, que ocupó el cargo hasta 1998. Le sustituyó Ignacio Ruiz Jarabo, actual presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En la actualidad, la Agencia la dirige Salvador Ruiz Galluz.

 

El informe provoca una tensión sin precedentes

El informe sobre la gestión de Hacienda, primero de esta naturaleza que realiza el Tribunal de Cuentas, desató en las últimas semanas un duro enfrentamiento entre los consejeros de este último organismo, parte de los cuales consideran que puede suponer un duro golpe para la imagen de la Agencia Tributaria en un momento en que su credibilidad se está viendo cuestionada por el caso Gescartera.

Finalmente, cinco consejeros votaron a favor del informe, dos en contra y cuatro se abstuvieron. Entre los primeros figuran el ponente del trabajo, Miguel Ángel Arnedo, y los también consejeros Miguel Álvarez Bonald, Ciriaco de Vicente, el catedrático de Política Económica de la Complutense Andrés Fernández Díaz y el magistrado del Supremo Paulino Martín. En contra votaron los consejeros Juan Velarde y Antonio del Cacho. Se abstuvieron el presidente del Tribunal, Ubaldo Nieto, Eliseo Fernández Centeno, Antonio de la Rosa Alemany y el propio fiscal.

Fuentes del Tribunal informan que el enfrentamiento más duro durante el debate sobre la fiscalización de la gestión de Hacienda, se produjo entre Ubaldo Nieto y el consejero ponente. Ello creó una tensión "sin precedentes" en discusiones de este nivel.

Si bien el informe resultante focaliza la mayor parte de las deficiencias sobre la delegación de Hacienda en Ciudad Real, expertos del Tribunal de Cuentas consideran que éstas pueden considerarse extensibles a la Agencia Tributaria en su conjunto, pues en ella se trabaja con manuales de procedimiento que se aplican en todas las delegaciones.

En estos momentos, el Tribunal de Cuentas tiene en estado avanzado un segundo informe sobre el cumplimiento por parte de Hacienda de los controles sobre las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Publicado en página 18