El portavoz de Economía del Partido
Socialista, Jordi Sevilla, anunció ayer en el Congreso que su
grupo pedirá la creación de una comisión de investigación
sobre la Agencia Tributaria, mientras que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió la autonomía de ese
organismo «fuera de las directrices políticas». Sevilla
aseguró que la gestión de Montoro, como máximo responsable de
la Agencia Tributaria, se resume en «utilización partidista,
manipulación de datos e ineficacia», y le acusó de utilizar
información, «que usted no puede tener aunque sea el ministro
de Hacienda», para lanzar «insinuaciones veladas y cortinas de
humo» sobre vinculación de militantes socialistas con
inversiones irregulares en la agencia de valores Gescartera.
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Estas insinuaciones, afirmó
Sevilla durante el debate de presupuestos, «o son mentira o
usted las ha obtenido vulnerando la ley u obligando a que la
vulneren otros» y, todo ello, añadió «para intentar ocultar
cosas ya probadas, como la paralización de los expedientes
abiertos a Gescartera por la Agencia Tributaria en
1999».
El diputado indicó también que en la Memoria de
la Agencia del 2000 se refleja que hay 1,3 billones de pesetas
procedentes de fraude fiscal pendientes de cobro y preguntó a
Montoro cuál ha sido el total que el Gobierno «ha amnistiado»
por su «mala gestión de lo público».
Montoro pidió al
diputado socialista que no ponga en duda la profesionalidad de
los 30.000 trabajadores de la Agencia Tributaria, que está
dotada de un Estatuto de Autonomía, recordó, y aseguró que la
administración «está avanzando firmemente en su lucha contra
el fraude fiscal».
El ministro consideró que, con sus
alusiones al 'caso Gescartera' durante el debate de
presupuestos, Sevilla «ha vuelto la cara a la comisión» que lo
investiga -abierta por el Grupo Popular y auspiciada por el
Gobierno, dijo- y «que va a permitir que en dos meses se sepa
más que en cualquier caso anterior de la historia». Montoro
indicó que, en su comparecencia ante dicha comisión el próximo
lunes, tendrá «ocasión de hablar y dar las explicaciones
pertinentes», también sobre las informaciones que tiene el
ministro de Hacienda, «que son públicas», dijo.
En este
contexto, reseñó que el único dinero público desaparecido en
Gescartera ha sido el gestionado por un familiar de un
diputado del PSOE.
Sobre el funcionamiento de la
Agencia Tributaria, el ministro explicó que el Gobierno ha
promovido un cambio del tratamiento de la deuda, mejorando la
normativa legal para evitar su vencimiento, «no como ocurría
cuando ustedes gobernaban, que se hizo una auténtica
prescripción masiva de deuda por falta de procedimientos
legislativos».
"Rodillo del PP"
El PP tendrá que
echar mano de su mayoría absoluta en el Congreso y en la
comisión parlamentaria de investigación de Gescartera para
impedir que el próximo lunes, durante la comparecencia de los
ministros Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro en este foro, los
parlamentarios puedan interrogar a los miembros del Gobierno
con el formato pregunta-respuesta, que hasta el momento le ha
sido aplicado sin excepciones a las varias docenas de personas
citadas. La oposición en bloque y el propio presidente de la
comisión de investigación, Luis Mardones, se niegan
rotundamente a la concesión de este privilegio a los
ministros.
Fuentes de PP indicaron que esta mañana, en
la reunión de la comisión de investigación que fijará el orden
del día de las sesiones siguientes, solicitarán que el lunes
29 de octubre declaren el vicepresidente segundo del Gobierno,
Rodrigo Rato, y el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro.
Las mismas fuentes indicaron que, además,
pedirán que en las declaraciones de los ministros se cambie el
actual formato de interrogatorios y que se les aplique el de
la comparecencia gubernamental ante cualquier comisión
parlamentaria ordinaria; es decir, un discurso del ministro
sin límite de tiempo ni interrupciones, la intervención de
cada uno de los grupos políticos con tiempo tasado, y el
cierre con una réplica del ministro. El cambio pretende
salvaguardar a los ministros de la presión del interrogatorio
al que se han visto sometidas el resto de personas citadas,
entre ellas el director general de la Guardia Civil y el
presidente de la SEPI. El PP no descarta pedir igual
privilegio para el gobernador del Banco de España, Jaime
Caruana, y para el secretario de Estado de Economía, José
Folgado, que comparecerán el próximo viernes.
Si el PP
quiere dar este trato a los ministros, que tienen que
responder en el Parlamento sobre su posible responsabilidad
política en el escándalo financiero, tendrá que imponérselo al
resto de partidos y al propio presidente de la comisión, quien
ya ha dicho que lo lógico es que los ministros sean tratados
con las mismas reglas que los demás, que por otra parte son
las normas de funcionamiento.
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