Precisamente el Grupo Socialista fue quien tuvo que requerir al Ministerio la información de la agencia, ya que ésta había sido ocultada sistemáticamente a los grupos profesionales y sindicatos.

En el informe, redactado por un abogado penalista con fecha de 15 de octubre del 2001, se afirma que entre el 11 de noviembre de 1998 y el 14 de noviembre del 2000, José Aurelio García Marín —director de la AEAT hasta finales de 1998— y su sucesor en el cargo y actual presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, redactaron cuatro resoluciones en las que se efectuaba un reajuste de las cantidades correspondientes al abono del complemento de productividad durante los años de referencia (1998 al 2000).

La primera de estas resoluciones, con fecha 11 de noviembre de 1998, establecía una dotación máxima de 39.087.605 pesetas destinada a igualar las retribuciones de productividad de los subdirectores generales e inspectores de servicios de la Agencia Tributaria, que pasarían a percibir por estos pluses 4.063.700 pesetas por año cada uno. El 13 de enero del año siguiente —primera de las tres resoluciones que firmó Ruiz Jarabo— se elevó esa cantidad hasta los 4.400.000 pesetas, montante que se mantuvo en el posterior escrito de 14 de enero.

Precisamente en la resolución del 13 enero figuran 4,9 millones para el presidente del grupo de trabajo de Coordinación y Relaciones con otras Administraciones Fiscales y Organismos Internacionales, Salvador Ruiz Galluz, actual director general de la Agencia Tributaria.

El informe, que se elevará en breve a la Fiscalía Anticorrupción, afirma que Ruiz Jarabo redactó estas resoluciones sin tener atribuida legalmente la competencia ni contar con la preceptiva autorización del que entonces era secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, requisito indispensable, ya que las cantidades señaladas superan el máximo establecido por la propia normativa de la Agencia en el 30% del V.O.R. (cuantía compuesta por el sueldo base más los complementos específicos y de destino de cada funcionario).

Estas actuaciones llevan al penalista a sospechar que en aquellas fechas se estaba encubriendo el pago de sobresueldos a determinados cargos de la AEAT, indicios, dice, "suficientes de constituir delito de prevaricación administrativa" y que mostrarían una "situación difusa de corrupción que exige una investigación pública en profundidad", por lo que considera oportuno presentar una querella en la Fiscalía Anticorrupción contra el entonces director general de la Agencia Tributaria y otros altos cargos de este organismo.

Existe una cuarta resolución, con fecha de 14 de noviembre del 2000 e igualmente firmada por Ruiz Jarabo, mediante la que se destinan a final de año 2.644.864 pesetas adicionales al presidente del grupo de trabajo de Coordinación y Relaciones con otras Administraciones Fiscales y Organismos Internacionales de la Delegación Especial de Madrid, alegando que se hacía para "equiparar sus retribuciones con las de otros directores adjuntos y asimilados". En el informe se recuerda que el complemento de productividad "no tiene como función la equiparación de sueldos entre funcionarios".

Los datos de diciembre de 1998

El martes pasado, la plataforma que aglutina al cuerpo de Gestión de Hacienda de la AEAT presentó en el Congreso de los Diputados un segundo informe elaborado por los subinspectores de Tributos en el que denunciaban el "hundimiento" de la recaudación por fraude desde 1998 y el "maquillaje" presuntamente efectuado en las cifras para cumplir con los objetivos.

En el informe, basándose en la información estadística de la AEAT (datos Info) se plantea la "misteriosa y sorprendente" recuperación que registró la deuda liquidada de la Agencia en diciembre de 1998, cuando alcanzó los 135.666 millones de pesetas, mientras que en el conjunto del año ascendió a 438.274 millones, siendo la media de los once primeros meses de apenas 27.509 millones.

Además, desde agosto de 1998 ya se había liquidado toda la deuda pendiente del año, según queda reflejado en los documentos de control.

La Asociación de Subinspectores asegura que por aquellas fechas tuvo conocimiento de que el secretario de Estado de Hacienda mantuvo varias reuniones con inspectores regionales en un intento de "búsqueda desesperada" de deuda liquidada, que la asociación puso en conocimiento del ministro de Economía, Rodrigo Rato.

Además, en ese mes de diciembre de 1998 donde la deuda liquidada aumentó de forma súbita, la AEAT contabilizó 311 denuncias por delito fiscal —de un total de 649 expedientes a lo largo del año— y de ellas más de la mitad, 172, partieron de la Delegación de Madrid, cuyo inspector regional, Juan Beceiro, fue ascendido posteriormente a director de Recaudación y actualmente ostenta el cargo de delegado especial de Madrid, primer puesto ejecutivo de la Agencia Tributaria en la capital.

"Inflar" resultados

Los objetivos de la Agencia para el año siguiente no se desglosaron como en ejercicios anteriores y Costa no hizo ninguna de las obligadas comparecencias cuatrimestrales en el Congreso. Mientras, hablaba de un incremento del 40% en el descubrimiento de fraude fiscal durante 1999, aunque la prensa se hacía eco de que estaba incluyéndose en las cifras 300.000 millones correspondientes a operaciones excepcionales de alijos de drogas y blanqueo de capitales.

Si la Memoria de la Agencia de 1999 cifraba en 399.580 millones de pesetas el apercibimiento de delitos fiscales y contrabando en la inspección de aduanas, la Memoria del año siguiente, al parecer bastante más transparente, ya rebajaba este concepto a sólo 27.922 millones para el mismo ejercicio 1999.

Los subinspectores siempre han mantenido que la Agencia Tributaria estaba "inflando" sus resultados. De hecho, en la Memoria de la AEAT de 1998 figuraban 649 expedientes de delito fiscal, mientras que en la Memoria de la Fiscalía General del Estado aparecían sólo 202.

Además, la deuda liquidada de 1998 cayó un 25%, hasta 433.811 millones —cifra que a los subinspectores tampoco les parece real; entienden que debía ser aún menor—, en relación con el ejercicio previo, y se inspeccionaron 36.303 contribuyentes, un 30% menos que en 1997, situación de compleja defensa política que habría llevado, según los funcionarios de Hacienda, a que la dirección de la AEAT buscara fórmulas para "maquillar" sus cifras.