Uno de los tres informes encargados por el ministro de Hacienda sobre el caso Gescartera ha sido puesto en duda por las propias asociaciones de funcionarios de la Agencia Tributaria. Se trata de la auditoria interna en la que se constata que, de once inspecciones realizadas al núcleo duro de Gescartera, cuatro fueron aparcadas.

Este informe fue presentado la semana pasada por el actual director del Fisco, Salvador Ruiz Gallud, como la prueba de que la Agencia Tributaria no dio trato de favor alguno a la sociedad que presidía la hermana del secretario de Estado de Hacienda porque, de 536 actuaciones en Gescartera, sólo cuatro quedaron suspendidas.

Sin embargo, Alicia Artera, la portavoz de la Plataforma de los funcionarios de Gestión de Hacienda -a la que están asociados 6.500 trabajadores- aseguró ayer que los datos de esta auditoria interna no eran "demasiado fiables" y calificó la presentación del informe que hizo del director del Fisco, Salvador Ruiz Gallud como "inadmisible".

Ruiz Jarabo defiende la auditoría

Esta noticia llegó a la comisión de investigación del caso Gescartera coincidiendo con la comparecencia de Ignacio Ruiz Jarabo, el responsable de la Agencia Tributaria cuando se siguieron las fallidas inspecciones en 1998. Ruiz Jarabo es ahora el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ruiz Jarabo alegó ayer que la denuncia de los trabajadores de Hacienda "no es nueva" y aseguró que se trata de un método de presión para conseguir mejoras laborales que él ya 'sufrió' durante su etapa como director de la Agencia Tributaria y que considera "ilegítimo". Por su parte, los actuales responsables del Fisco anunciaron ayer que estudian querellarse contra la Plataforma de los funcionarios de Gestión de Hacienda.

El motivo de la comparecencia de Ignacio Ruiz Jarabo era informar sobre por qué dos empresas adscritas a la SEPI, Cetarsa y Electrónica Submarina, habían invertido en Gescartera. Sin embargo, su condición de presidente de la SEPI pasó a un segundo plano ante el interés de los diputados en conocer los detalles de las acciones que siguió la Agencia Tributaria sobre Gescartera durante su gestión.

Ruiz Jarabo se limitó a decir que de las cuatro inspecciones que se suspendieron o no fueron iniciadas sólo una merece, a su juicio, el calificativo de "dudosa". Jarabo se amparo en el carácter secreto de los datos de los tributantes investigados para no mencionar ningún dato más.

El ex director de la Agencia Tributaria también apuntó que, entre 1996 y 1998, Gescartera no facturaba suficientes cantidades de dinero como para merecer una atención especial del Fisco. "¿Qué riesgo fiscal presenta una sociedad que factura entre sesenta y setenta millones de pesetas en 1996?", se preguntó Jarabo.

Malpartida reafirma la autenticidad de los diarios

Antes de la tercera comparecencia del día, el general Antonio Blanes -presidente de la Asociación pro Huérfanos de la Guardia Civil- admitió que invirtió 420 millones de pesetas en Gescartera sin tener expertos financieros ni saber qué hacía la agencia de valores con su dinero.

Blanes aseguró que la Asociación pro Huérfanos empezó a invertir su patrimonio en agencias de valores "presionados" por los reproches que desde el Instituto Armado se le hacían por su excesivo conservadurismo en la gestión financiera. El general Blanes también admitió que fue él personalmente quien se puso en contacto con Pilar Giménez Reyna para invertir en Gescartera.

El marido de la presidenta de la sociedad, Ángel Malpartida, también pasó ayer por el Congreso de los Diputados. Malpartida reafirmó que los dietarios de su mujer son auténticos aunque alguna de las anotaciones no fueran del puño y letra de Pilar Giménez Reyna. Malpartida explicó que su mujer cobraba como presidenta de Gescartera medio millón de pesetas mensuales y que en ningún caso este pago se efectuaba en dinero negro.