Las favorables expectativas generadas por la reciente rebaja del Impuesto sobre Sociedades se han traducido en un cierto escepticismo entre los asesores fiscales.

El Ministerio de Hacienda lanzó la reforma con el objetivo de aliviar los efectos de la crisis económica en el tejido empresarial español lo que contrasta con el análisis que los bufetes especializados están empezando a realizar sobre el alcance real de las rebajas fiscales.

Una de las primeras firmas que ha hecho públicas sus conclusiones ha sido Baker & McKenzie, Briones, Alonso, Martín. En boca de su máximo responsable en materia tributaria, Luis Briones, "la norma tiene una difícil justificación como remedio a la mala coyuntura económica y acabará teniendo un efecto neutral para buen número de empresas".

Las causas de esta desconfianza en la reforma residen, principalmente, en el hecho de que en su mayor parte tendrá efecto en 2003, año en el que realmente se pagará la factura fiscal del impuesto correspondiente a 2002. Si la crisis empieza a remitir a finales del próximo año, como prevé el Gobierno, la rebaja llegaría tarde. Pero Briones, uno de los colaboradores habituales de Hacienda, no cree que este desfase temporal sea el único problema de la regulación.

Entre las reformas "de difícil justificación", según él mismo explica, se encuentran, entre otras, algunas de las más relevantes, como la ampliación del número de empresas que pagarán el tipo reducido del 30%.

El informe de Baker & McKenzie asegura que la diferencia que realmente percibirán las empresas que se beneficien de esta medida será de tan sólo 750.000 pesetas anuales, debido a que, pese a que se eleva de 500 millones de pesetas a 832 millones el nivel máximo de facturación para optar al tipo reducido, lo cierto es que el 30% sólo afectará, como ocurría hasta ahora, a los primeros 15 millones de beneficio, lo que limita sensiblemente el alcance de la rebaja.

La reducción del pago por las plusvalías que se reinviertan tampoco ha satisfecho a los expertos de Baker. Aunque admiten que las grandes empresas sí se beneficiarán del cambio, advierten que las pequeñas tendrán problemas para sacarle partido a dicha reforma.

La causa de esta diferencia en el efecto de la medida radica en el sistema diseñado para hacer efectiva la rebaja: una deducción del 17% aplicable en la cuota. Briones explica que hasta ahora el pago por las plusvalías se difería, con carácter general, en un periodo de 10 años. De esta forma, pese a que el tipo teórico de pago era el 35%,en la práctica el gravamen efectivo, a causa del aplazamiento, era del 25%.

Ahora, aunque tras la aplicación de la deducción, las grandes empresas tributarán sólo a un 18%, resulta que para ello deberán poder ejercer plenamente esa deducción, es decir, tener beneficios suficientes para descontarse de la cuota del impuesto, durante un periodo de hasta cuatro años, ese 17% de las plusvalías.

En caso de que las empresas no puedan, debido a la pérdida de beneficios o a la entrada en pérdidas, el pago fiscal puede volver al 35%, situación más gravosa que la actual. Briones asegura que, con la crisis mundial que vive la economía este cambio puede albergar sorpresas desagradables para algunas empresas, pero nunca para el Estado, que en cualquier caso habrá cobrado las plusvalías por adelantado: la deducción posterior será ya un problema exclusivo de la compañía afectada.

Briones asegura que estos y otros cambios, como la imposibilidad de aplicar la reforma de plusvalías a los profesionales que tributan en el régimen de transparencia fiscal; o la reducción de la deducción del fondo de comercio provocada al ampliar su plazo de amortización de 10 a 20 años, sólo se explican "por motivos recaudatorios", especialmente beneficiosos en un año de difícil coyuntura macroeconómica.

El estudio concluye con un mensaje de decepción, principalmente por las expectativas creadas en un primer momento en torno a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, y reclama que estos problemas se solucionen en la tramitación parlamentaria de la modificación de Sociedades con el fin de evitar que se convierta "en una reforma de escasa eficacia".