|
Son muchos los directivos que tejen estrategias fiscales irregulares en sus empresas y que no reciben una sanción paralela a la de la compañía. Es legítimo que los ciudadanos y las empresas intenten optimizar el pago de impuestos, siempre y cuando respeten el marco legal.
Para ello, Hacienda deberá establecer muy claramente la frontera entre la ocultación o la ilegalidad y la maximización impositiva del ordenamiento legal.
No cabe duda de que el estallido del caso Gescartera, que ha desvelado una complicada trama financiera que ha provocado grandes pérdidas para los inversores, y el fuerte afloramiento de dinero negro a lo largo de 2001, hacen más urgente si cabe la erradicación de este tipo de prácticas, que erosionan la base tributaria y fomentan la picaresca en las empresas.
En este sentido, es positivo que la Agencia Tributaria haya acometido una reestructuración de sus equipos de investigación para que cuenten con medios adecuados y suficientes para hacer un seguimiento específico de la labor de los altos ejecutivos. A partir del próximo año, estas células de investigación fiscal estarán legitimadas para hacer inspecciones paralelas tanto a las empresas como a sus principales gestores.
|
