Las investigaciones de la juez Palacios sobre Gescartera (una empresa financiera de la que se han evaporado al menos 18.000 mil millones de sus clientes) y las declaraciones ante la comisión parlamentaria de varios consejeros y técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han desmontando la burda campaña desinformadora lanzada por los medios de comunicación próximos al Gobierno durante el pasado verano con el objetivo de trasmutar mágicamente un escándalo político-financiero en una simple estafa. El comprometedor dietario de Pilar Giménez-Reyna -presidenta de Gescartera- contiene pruebas fehacientes de las complicidades con que contaban los directivos de la compañía dentro de la CNMV, teóricamente encargada de controlarles. Los testimonios de Juan Fernández-Armesto, presidente de la CNMV desde 1996 hasta 2000, y de David Vives, director general de supervisión de la agencia estatal hasta que la sistemática obstaculización (interior y exterior) a su labor inspectora le forzó a tirar la toalla, aclararon las razones de que Gescartera no fuese intervenida el 16 de abril de 1999 y desmintieron la seráfica versión exculpatoria de Pilar Valiente, consejera entonces de la entidad y su presidenta desde octubre de 2000 hasta su dimisión. La circunstancia de que la grafómana presidenta de Gescartera -enviada a prisión junto al consejero-delegado de la empresa, Antonio Camacho- sea hermana de Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda recién cesado, refuerza las sospechas razonables disponibles sobre la existencia de eventuales responsabilidades políticas en este asunto.

La campaña intoxicadora para exculpar al Gobierno cavó como primera trinchera defensiva el memorial de los escándalos político-financieros de la etapa socialista: el PP tal vez crea que los pecados de corrupción de sus militantes quedan absueltos por comportamientos semejantes de sus predecesores en el poder. Los ministros que amenazan con destapar el listado de militantes socialistas estafados por Gescartera si el PSOE sigue hurgando en la herida parecen estar proponiendo a la oposición el chantaje de que tape el caso Gescartera a cambio de su simétrico silencio: como diría Di Stefano, entre bomberos no se pisan la manguera. Pero son los ciudadanos, no los políticos, quienes tienen derecho a exigir cuentas a los administradores de sus impuestos, sean cual sean las siglas y la ideología del partido que controle el Estado.

El Gobierno aduce como prueba concluyente de su inocencia que la comisión de investigación sobre Gescartera fuese creada pese a que el PP dispone de mayoría absoluta parlamentaria, en contraste con las resistencias del PSOE a ese tipo de iniciativas cuando estaba en el poder. Al igual que sucede con la doctrina de la responsabilidad política, los populares se hallan atrapados en este asunto por las hemerotecas: su programa de 1996 se comprometía a que la aprobación de esas comisiones no dependiera de 'la voluntad exclusiva de la mayoría gubernamental'. El intento de encerrar el caso Gescartera en el cuarto oscuro de una mera subcomisión fue pronto abandonado: el renuncio hubiese resultado demasiado escandaloso.

Las investigaciones sumariales y los trabajos de la comisión del Congreso sobre el caso Gescartera están obligando al PP a modificar su estrategia. Los esfuerzos se dirigen ahora a borrar los visibles rastros que llevan -primero- de Gescartera a la CNMV y -después- desde la agencia estatal hasta el Gobierno. Sin embargo, las trabajosas maniobras para poner en duda la autenticidad del candoroso dietario de Pilar Giménez-Reyna (que cita hasta doce veces a Pilar Valiente) y las tentativas de tachar de falsarios a Fernández-Armesto y a Vives (cuyos testimonios resultaron convincentes para cualquier observador imparcial) tienen poco recorrido. A los tribunales corresponderá verificar la autoría del dietario y sancionar a los comparecientes que hayan mentido al Congreso; entre tanto, a los ciudadanos les basta con el sentido común para no comulgar con las ruedas de molino talladas por Pilar Valiente, Luis Ramallo o el ecónomo del Arzobispado de Valladolid.