La norma reestructurará las funciones de los cuerpos profesionales de la Agencia Tributaria para intensificar la persecución de grandes focos de evasión.

La nueva ley de acompañamiento supondrá un fuerte aumento de los dispositivos de Hacienda en la persecución del fraude.

La norma permitirá que la Agencia Tributaria concentre una gran parte de sus efectivos en la investigación de los grandes focos de evasión y que intensifique, en consecuencia, el seguimiento de los profesionales y las sociedades implicadas en importantes tramas de defraudación.

La reforma acaba con una de las grandes limitaciones que impedían que el cuerpo de Gestión de Hacienda se uniera a las labores de investigación que realizan los inspectores fiscales.

Según la legislación actual, los más de 6.500 profesionales integrados en este cuerpo únicamente están capacitados para comprobar los datos fiscales de los contribuyentes y requerir la documentación necesaria para realizar una investigación "en el supuesto de devoluciones tributarias".

Las declaraciones a devolver agrupan, principalmente a los contribuyentes que trabajan por cuenta ajena y a los de ingresos moderados, colectivo que escapa a los grupos de riesgo de fraude detectados por los estudios de la Agencia Tributaria.

El resultado de esta limitación ha sido la imposibilidad de que los equipos de Gestión, claramente superiores a los 5.100 profesionales que trabajan en la Inspección, puedan dirigirse a la persecución de las grandes tramas de evasión.

Grandes defraudadores

La reforma acaba con este límite y capacita a Gestión para realizar funciones de control sobre los contribuyentes con un alto perfil de riesgo en materia de fraude, colectivo que según refleja la propia memoria de la Agencia Tributaria abarca de forma prioritaria las sociedades y los profesionales.

La ley de acompañamiento ha unido a esta modificación un elenco de medidas que, además, permitirán agilizar el cobro de las deudas tributarias.

Así, la Administración Tributaria podrá "embargar y enajenar" otros bienes distintos de las garantías aportadas por el contribuyente cuando éstas "no sean proporcionadas a la deuda garantizada, resulten de costosa o compleja ejecución o cuando puedan producir demoras en el procedimiento".

Además la Agencia Tributaria contará ya con cobertura legal para poder realizar trámites por Internet e, incluso, a solicitud del contribuyente, para enviar las notificaciones tributarias por correo electrónico.

Todas estas medidas serán trasladadas hoy al Congreso de los Diputados para su tramitación conjunta con los presupuestos para 2002, unas cuentas que según las palabras del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "muestran un gasto moderado acorde con un momento de pocas alegrías económicas".

Las cuentas recogen una previsión de crecimiento del PIB de un 2,9% y anticipan el cierre del año en equilibrio presupuestario. Para ello, sin embargo, el Gobierno deberá compensar con un superávit previsto de la Seguridad Social de 570.000 millones de pesetas, el déficit del Estado de un 0,5% del PIB con el que cerrará el próximo ejercicio.

Por otro lado, las inversiones del grupo Fomento crecerán en 2002 por encima del 18%, porcentaje al que si se le suman los proyectos de concesión de autopistas de peaje, se elevará hasta el 25%.

El incremento supone que la inversión del departamento que dirige Francisco Álvarez Cascos puede superar los 12.000 millones de euros.

Al igual que en 2001, los presupuestos incluyen una importante aportación al GIF, cercana a los 1.200 millones de euros, mientras que la contribución a Renfe superará los 690 millones de euros.

El incremento del gasto destinado a inversiones en carreteras crecerá en torno al 5,7%, mientras que los recursos destinados a la política ferroviaria aumentarán más del 11%, informa Carlos Morán.