Los Ministerios de Hacienda europeos asisten con pavor al aumento de la venta de bienes digitalizados desde fuera de la UE. A través de su conexión a Internet, los consumidores europeos pueden importar sin pagar IVA y sin infringir la legalidad desde el último grito en programas de ordenador hasta la más reciente versión de un rap de Eminem. Y lo están haciendo.

El vacío legal también ha disparado las alarmas de las empresas europeas que sufren sin resignación esta desventaja competitiva frente a sus rivales no comunitarias, sobre todo, las estadounidenses. La patronal europea (Unice) y grupos de presión creados ex profeso (en los que figuran multinacionales de la talla de Unilever, Siemens o Deutsche Post) presionan a los Quince para que aprueben, de una vez por todas, la directiva sobre imposición del IVA al comercio electrónico, en la que trabajan desde el 3 de abril de 1998.

El acuerdo estuvo próximo el pasado mes de junio, pero Londres lo frustró. El ministro de finanzas británico, Gordon Brown, se niega a dar el beneplácito a una propuesta que, en su opinión, puede desatar las iras de EE UU, donde no se grava fiscalmente al comercio electrónico. El Reino Unido prefiere una solución internacional que surja de la OCDE, pero en ese foro internacional los trabajos sobre esta materia apenas acaban de comenzar. Su reciente conferencia sobre "fiscalidad en el mundo electrónico", celebrada en Montreal en junio, reconoció la "necesidad de mejorar la capacidad de las Administraciones de hacienda en la identificación de los contribuyentes que actúan en el comercio electrónico", según se lee en las conclusiones. Pero la OCDE sólo se ha marcado de momento el objetivo de seguir trabajando en la materia.

Las discusiones también pueden agriarse en el seno de la UE, donde, además de la oposición de Londres, falta por determinar el tipo de IVA que se impondría a los bienes digitalizados. Unice aboga por un tipo único en todo el territorio de la UE, tanto para las empresas europeas como extracomunitarias. Pero la CE no es demasiado partidaria de aumentar aún más la dispersión de tipos de IVA, que ya oscilan entre el 15% de Luxemburgo y el 25% de Suecia y Dinamarca.

El Ejecutivo comunitario parece inclinarse por el tipo de IVA que corresponda al domicilio fiscal de la empresa, obligando a las empresas extracomunitarias a domiciliarse fiscalmente en algún Estado miembro. Luxemburgo parece que se convertiría en la opción más codiciada, por lo que la UE ya trabaja en un posible sistema de reparto de los ingresos fiscales que obtenga por esta vía el Ministerio de Hacienda del Gran Ducado luxemburgués.

Pero atrapar fiscalmente el mundo virtual plantea aún más quebraderos de cabeza al Consejo de Ministros de Finanzas de la UE. Determinar el origen de un bien o servicio en el espacio cibernético, o, incluso, el lugar donde radica el proveedor, resulta mucho más complicado que en el mundo real. La UE debe resolver todavía si el domicilio de un servidor de Internet, por ejemplo, es el que cuenta a efectos de imposición de IVA.

La moratoria fiscal de EE UU caduca

Por su parte, EE UU hace ya casi tres años que impuso una moratoria fiscal en el acceso a Internet. A esto se añade que según una decisión del Tribunal Supremo de 1992, los Estados no pueden obligar a las empresas que no tengan una presencia física en el Estado a recaudar los impuestos de venta locales. Lo que significa que para todos los efectos prácticos las ventas por Internet no están sometidas a impuestos. La decisión del Tribunal Supremo fue tomada pensando en las empresas que se dedican a la venta por catálogo pero es aplicable a las ventas a través de la Red.

Esta situación ha sido positiva hasta ahora, ha ayudado al comercio electrónico a florecer y ha sorteado los problemas logísticos que parecía causar el hecho de que diferentes Estados tuviesen distintos impuestos.

El próximo octubre vence esta moratoria fiscal pero los políticos americanos no consiguen llegar a ningún acuerdo. Discuten no sólo si deben gravar el acceso a Internet, sino también si deben cobrar los impuestos por las ventas por Internet y, si se hace, cómo efectuarlo sin que esto suponga una gran carga para las empresas, especialmente las pequeñas.

La discusión no es banal porque, según la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales (NSCL en sus siglas en inglés), en el año 2003 los Estados habrán dejado de recibir 23.000 millones de dólares, al no cobrar los impuestos de las ventas por Internet.

Por meses se ha estado debatiendo la posibilidad de reformar los impuestos locales, hacer las categorías de Estado a Estado más homogéneas y equiparar, en lo posible, las cargas fiscales. Pero todas estas conversaciones no han llegado, por ahora, a buen puerto. Se ha estudiado la idea de cambiar el complejo sistema de impuestos estatales por un solo impuesto a tipo fijo, cuya recaudación iría al Estado donde el comprador reside, pero tampoco parece probable que se imponga. La propuesta es complicada y, además, no ilusiona a nadie.

Robert Comfort, vicepresidente de Amazon, afirmó en el Congreso que aunque "tener el mismo tipo impositivo a nivel nacional para las ventas realizadas a través de Internet sería buena idea, pero no creo que sea necesario". Lo cierto es que tiendas virtuales grandes, como la de Amazon, podrían aplicar sin problemas distintos tipos impositivos dependiendo de dónde está el consumidor, lo mismo no se puede afirmar de las pequeñas empresas de la Red.

Algunos comerciantes se quejan de que el actual sistema es discriminatorio, ya que la exención del pago de impuestos favorece a aquellos que venden a través de la Red en detrimento de los que tienen establecimientos en la calle. El gobernador republicano de Wyoming, Jim Gerringer, es uno de los firmes defensores del cobro de impuestos por las transacciones comerciales realizadas a través de Internet. Gerringer ha llegado a sugerir que empresas tradicionales están transformándose en negocios a través de la Red con la intención de beneficiarse al evitar pagar los impuestos locales.

En lo que sí parece haber consenso entre los gobernadores es en su apoyo por extender la moratoria que exime a los consumidores del pago de impuestos por el acceso a Internet. Pero su apoyo no es gratuito. A cambio quieren que el Congreso les permita cambiar el sistema de impuestos en las ventas virtuales haciendo posible que los Estados puedan imponer impuestos locales en estas ventas. Esta posición se ha hecho aun más clara este mes, cuando 40 gobernadores han mandada una carta al congreso.

Pero como es de esperar no todas las voces piden que se grave el comercio electrónico con impuestos. Jane Swift, gobernadora de Massachusets, afirma que el sector no está consolidado y que en medio de la crisis no es un buen momento para imponer el cobro de impuestos locales. La gobernadora demócrata de New Hampshire, Jeanne Shannen, se ha mantenido al margen del debate y no ha firmado la carta al Congreso, ya que su Estado no impone ningún impuesto local en las ventas.

Y es que la estructura de los impuestos varía de Estado a Estado, y esto hace que mientras que para algunos este debate no sea primordial, para otros es de gran importancia. Por ejemplo, el 40% de los impuestos que llegan a las arcas de Tejas vienen vía impuesto de venta de bienes.

Por ahora hay varias propuestas esperando ser aprobadas, lo más probable es que se apruebe otra moratoria fiscal. Lo que queda aún abierto al debate es la duración de esta nueva excepción y, si tal y como proponen algunos, la moratoria debe hacerse permanente y la exención de impuestos convertirse en ley.

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