Economía también ha abierto una investigación interna para esclarecer sus posibles implicaciones en Gescartera. Después de que Rato haya encargado un informe sobre el caso a la CNMV, ahora pide una inspección en su propia casa. Por otro lado, ayer dimitió el director general de SAES, sociedad controlada por la SEPI que perdió 591 millones en el agujero.
José Folgado, secretario de Estado de Economía, anunció ayer que se investigará la actuación del ministerio en el caso Gescartera. Es el cuarto organismo oficial, tras la CNMV, Hacienda y la SEPI, que inspecciona sus relaciones de Gescartera. El Congreso también tendrá su propia comisión de investigación en este caso. Según Folgado, Economía ha abierto la investigación por mandato de Rodrigo Rato, que también pidió a la CNMV un exhaustivo informe sobre el escándalo financiero.
La investigación abarcará a todos los centros que dependen de Economía, aunque los más afectados serán la Dirección General de Seguros y, sobre todo, la Dirección General del Tesoro. Seguros, porque Gescartera tenía una gestora de pensiones, cuya autorización ya fue revocada. Tesoro, porque es la conexión entre Economía y CNMV.
Aunque la CNMV sólo depende de Economía cuando el ministro nombra a presidente y vicepresidente, es Tesoro quien tiene las competencias legislativas relativas al mercado de valores. Además, la directora general del Tesoro, Gloria Hernández, es consejera de la CNMV por su cargo.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aceptó ayer la dimisión de Jesús García Blanco, director general de SAES. Blanco ha dimitido porque la empresa, controlada entre Izar (sociedad de la SEPI) e Indra, perdió 591 millones en Gescartera. Montoro anunció el lunes esta dimisión como primer paso de la depuración de responsabilidades en Hacienda. Otra sociedad de la SEPI investigada es Cetarsa, compañía estatal de tabaco en rama. Cetarsa perdió 150 millones en Gescartera, pero su presidente, Antonio Hernández-Sito, dice que no dimitirá.
Había 50.000 millones en dinero negro, según IU
Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, aseguró ayer que Gescartera movía entre 70.000 y 80.000 millones de pesetas, de los que 50.000 eran dinero negro, citando fuentes del sector financiero. Antonio Camacho, primer accionista de Gescartera, aseguraba cuando trató de vender la firma que ésta gestionaba 59.000 millones de pesetas (ver Cinco Días del 1 de agosto). Por ello Llamazares instó al ministro de Hacienda a que profundice en la investigación del caso. Asimismo señaló que la CNMV "no fue engañada por Gescartera. Se dejó engañar".
Llamazares insistió así en que es necesaria la dimisión de Pilar Valiente, y aseguró que Rato "estará asumiendo una parte de responsabilidad política" si no cesa a Valiente. José Blanco, secretario de organización del PSOE, también pidió la dimisión de Valiente, y atacó a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, por decir que el caso Gescartera es de "trascendencia limitada".
La firma mencionaba a la Iglesia para captar fondos
Gescartera presumía ante sus clientes de tener negocios con la Iglesia para captar dinero. Rufino Gallego, director general de Link Securities, agencia de valores socia de Gescartera, declaró a la Cadena Ser que Antonio Camacho, principal encausado en el caso, no sólo se vanagloriaba del apoyo de la Conferencia Episcopal, sino que aseguraba que los obispos habían planeado entrar en el capital de Gescartera. Algo que, finalmente, no sucedió.
La sociedad de valores Link Securities dejó de trabajar el año pasado con Gescartera porque la firma ahora intervenida realizaba operaciones bursátiles irregulares, que incluían compraventas de valores a crédito, es decir, sin dinero.
Por otro lado, según fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe, la juez Teresa Palacios (que se marchó ayer de vacaciones) no citará a Pilar Valiente o Enrique Giménez-Reyna mientras no avancen las investigaciones de los peritos.
Publicado en página 16
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