Servicios Financieros del Sur (Sefisur), la agencia de valores de la que el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna fue consejero y accionista desde principios de los años noventa hasta su llegada al Gobierno en 1996, figura como querellada en un caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Sefisur actuó como subagente comercializador de Athos, sociedad que se dedicó a la captación de dinero negro que era gestionado por Fibanc.

Las investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria tras la quiebra de Athos en 1993 pusieron al descubierto un fraude fiscal derivado de una bolsa de dinero negro que se calculó en 20.000 millones de pesetas. Estos fondos eran gestionados por el Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), nombre con el que fue bautizado el escándalo.

Aunque sobre el caso Fibanc se vertieron ríos de tinta entre los años 1994 y 1996, nada se supo, en cambio, de las implicaciones que en él tuvo Sefisur, la sociedad de la que Enrique Giménez-Reyna era consejero y propietario del 10% de las acciones. Sin embargo, en el caso Fibanc, cuyas diligencias se siguen en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional del que es titular Garzón, Sefisur aparece como una de las sociedades querelladas, por haber colaborado en la captación de dinero para Athos.

Concretamente, figuran, al menos, dos querellas criminales contra Sefisur por apropiación indebida, presentadas en Málaga, ciudad donde la agencia tenía su sede.

Una de las querellas fue firmada conjuntamente por María Teresa Armenta Galán y María Jesús Boxos Santociles en septiembre de 1993. La segunda la presentó Lucrecia Cardenete Ortega, en diciembre de 1994. En el primero de los casos, la inversión reclamada es de casi nueve millones de pesetas y, en el segundo, de cuatro millones. Ninguna de estas personas pudo recuperar su dinero.

Lucrecia Cardenete entregó a Sefisur cuatro millones procedentes de una herencia familiar, por recomendación del corredor de comercio de Málaga Juan Luis Gómez Olivares. La inversión se formalizó a través de un contrato fechado en marzo de 1993, en el que se establecía que el dinero se invertiría en obligaciones hipotecarias y que al final del contrato, de un año y medio de duración, se le devolvería el capital más los intereses, que se calcularon en un millón de pesetas.

"Cuando llegó el vencimiento, me personé en las oficinas Sefisur", declara la querellada, "pero me dijeron que no sabían nada ni de las cédulas hipotecarias ni del dinero, por lo que presenté una querella". La única explicación que dice haber recibido es que "había habido un fraude por parte de Athos, que era el intermediario de Sefisur".

Barcelona y Madrid

Lucrecia Cardenete asegura que se quedó bastante sorprendida cuando le comunicaron que su querella había sido remitida a un juzgado de Barcelona. Pero lo cierto es que las numerosas demandas presentadas por afectados de Athos, entre 60 y 70, terminaron agrupadas en el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, cuya juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas, "las querellas aumentaban a medida que aparecían clientes dispuestos a denunciar". Porque, tal como ha ocurrido en otros casos similares, en aquel hubo muchos perjudicados pero pocos denunciantes. La mayor parte, se afirma, "ocultaba dinero negro".

Según las mismas fuentes, las causas siguen vivas. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Fibanc ante el juzgado de instrucción número siete de la Ciudad Condal por entender que las actividades ilegales de Athos y de las agencias intermediarias no hubieran sido posibles sin la connivencia del banco. La Fiscalía ha solicitado que esta querella sea agrupada en la Audiencia Nacional con las restantes.

Aunque hay informaciones que apuntan que Sefisur acabó siendo adquirida por Fibanc, fuentes del banco aseguran que "hubo negociaciones, pero, al final, no se compró". Sin embargo, "la entidad se quedó con varios agentes de Sefisur para que llevaran la zona de Andalucía".

Un caso que reveló una enorme bolsa de dinero negro

La investigación sacó a la luz un fraude fiscal y una bolsa de dinero negro de unos 20.000 millones de pesetas. Ésta se generó a través de sociedades instrumentales de Fibanc, al amparo de comunidades de bienes (sociedades civiles formadas por varias personas que unían y reinvertían sus ahorros y que tenían la titularidad de forma indivisible).Las comunidades de bienes se utilizaron, tal como ocurrió con las cesiones de crédito o las primas únicas, para obtener ventajas fiscales.

La principal agencia comercializadora de estos instrumentos fue Athos, que captaba inversores privados a los que ofrecía una rentabilidad superior a la del mercado. Por su parte, Sefisur actuó como subagente de Athos.

El dinero de los inversores no se devolvió y Athos fue a la quiebra. Su presidente y fundador, Carlos Nadales, terminó en prisión. Dos de sus socios, José Nebra y Francisco Portabella, explicaron ante el juez, en febrero de 1996, que la sociedad se dedicaba sobre todo a captar dinero negro.

Ambos aseguraron que los intermediarios financieros que acudían al despacho de Athos solicitaban que tanto el capital como los intereses de sus clientes se mantuvieran ocultos al fisco. El dinero tuvo diferentes destinos, entre ellos sociedades instrumentales en paraísos fiscales.

Athos llegó a manejar unos 50.000 millones de pesetas y, según Hacienda, de la bolsa de fraude que se detectó, de casi 20.000 millones, se regularizó una décima parte.

La ONCE niega que el ex secretario de Estado le aconsejara entrar en la agencia

La ONCE también negó que el ex secretario de Estado influyera en su decisión de entrar en el capital de la agencia de valores.

"La ONCE tomó el 10% de Gescartera porque nos propusieron la creación de un fondo de pensiones para minusválidos y porque la operación resultaba gratuita", explica un portavoz. La organización ayudó, de hecho, a difundir el plan de pensiones, llamado Gescartera Solidaridad, entre asociaciones de minusválidos.

La ONCE ha abierto una investigación interna para averiguar quién y por qué razón decidió invertir dinero de la Fundación ONCE en Gescartera, operación que se realizó en 1998 y que ascendía a 700 millones de pesetas. Además, la organización ha modificado el proceso para decidir sus inversiones. A partir de ahora, el vicepresidente, Mario Loreto Sanz, supervisará al comité económico.

Según la ONCE, la inversión de la fundación se produjo como consecuencia de una decisión en el seno de la propia fundación, presidida por Rafael de Lorenzo, amigo personal de Giménez-Reyna.

Los afectados dicen que sólo la CNMV se cree la versión de Camacho

Según el presidente de Adicae, Manuel Pardos, "la línea de defensa de Gescartera ha sido desde el principio la búsqueda de un chivo expiatorio [Camacho] y la mentira y la falsificación. Por lo que parece, no se han movido de esta línea".

Pardos, que denunció que se están encubriendo las implicaciones de otras personas e instituciones, bromeó asegurando que "solamente la CNMV, que da por válido todo lo que le cuentan, sería capaz de creer lo que dice este pájaro [por Antonio Camacho]".

La asociación de afectados, que todavía no figura como acusación particular en el caso Gescartera, hará hoy una declaración oficial después de valorar en su totalidad la comparecencia de Camacho en la Audiencia Nacional.

El PSOE pide un pleno extraordinario del Congreso en septiembre

El 3 de agosto, el Grupo Parlamentario Socialista pidió formalmente la creación de la comisión, petición que fue suscrita por Izquierda Unida y el Grupo Mixto. El PSOE pide que se investigue la actuación de los ministerios de Economía, Hacienda, Interior, Defensa y Administraciones Públicas, así como la de la CNMV.

El PP volvió a rechazar la comisión, e insistió en su propuesta de una subcomisión de estudio. El diputado Federico Souvirón aseguró que "no es necesario, puesto que no hay ningún miembro del Gobierno implicado".

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