Salvador Ruiz, que formaba parte del equipo directivo de la Agencia Tributaria, desempeñaba hasta ayer y desde marzo de 1999 el cargo de director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. Inspector de Hacienda, nació 1960 en Torrevieja (Alicante) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y en Derecho por la Universidad Central de Barcelona.

El nuevo máximo responsable del organismo recaudador es descrito como un hombre que conoce la casa y controlador de los temas. Sin embargo, su nombramiento ha causado cierta sorpresa. La Agencia que pasa a dirigir tiene aún muchos problemas por resolver, a pesar de que Ruiz Jarabo, anterior director, supo apaciguar algunas de las vicisitudes.

De hecho, el nombramiento de Salvador Ruiz y del nuevo director de la SEPI, son parte de un plan de amplia reestructuración del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El ministro ha tenido que llevar a cabo esta reforma por las dos dimisiones en su departamento. Primero, fue Pedro Ferreras dejó su puesto por motivos personales al frente de la SEPI el 18 de julio.

Dos días más tarde Enrique Giménez Reyna también dimitió como secretario de Estado de Hacienda, por el caso Gescartera agencia de valores que preside su hermana inmersa en un escándalo financiero y fue sustituído la semana pasada por Estanislao Rodríguez Ponga como número dos de Hacienda.

Pero aún no se han acabado los nombramientos. El Gobierno ha decido esperar hasta después de las vacaciones para designar al director general de Tributos, cargo que ocupaba Rodríguez Ponga, y ahora vacante. La terna para el puesto baraja tres nombres: Teodoro Cordón, subdirector general de IRPF, José Manuel Bunes, subdirecotr general de IVA y Antonio Beteta, actual secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria.

Vehículos
El Gobierno también aprobó ayer un plan nacional para el control de los vechículos fuera de uso (VFU) y la gestión medioambiental de sus componentes con un presupuesto de 43.746 millones de pesetas (263 millones de euros). Hasta 2006, afectará a más de un millón de vehículos al año que quedarán en desuso, ya que el 40 por ciento de los turismos actualmente en circulación tienen más de diez años.

El plan establece la gestión del vehículo como un conjunto de residuos y precisa la descontaminación, la reutilización y el reciclaje de los materiales. Según el Gobierno, fabricantes, vendedores, distribuidores y aseguradoras, deberán asumir la obligación de recuperar y valorizar los vehículos fuera de uso, todo ello sin ningún coste para el propietario final.

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto que mejora y agiliza la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, compuesto por el conjunto de bienes muebles e inmuebles de esta administración.