La red de comerciales de Gescartera utilizaba el nombre de
Pilar Giménez-Reyna, presidenta de la agencia y hermana del
secretario de Estado de Hacienda, para ganar clientes. Asimismo,
fuentes relacionadas con el caso aseguran que la firma captaba
dinero para que fuese gestionado fuera de los circuitos oficiales.
Gescartera utilizaba una amplia red de comerciales para captar
ahorro. Lo hacía ofreciendo altas rentabilidades y comisiones más
bajas que el mercado. En los últimos meses de actividad llegó a
vender depósitos a plazo con rentabilidades de hasta el 5,6%,
actividad para la que no estaba autorizada. Y, para ganar
credibilidad, Gescartera utilizaba el apellido de Pilar
Giménez-Reyna, según Manuel Pardos, presidente de la asociación
Adicae, que agrupa a 600 afectados por Gescartera personados en el
caso como acusación particular.
Además, según confirman fuentes relacionadas con el caso, las
sociedades dirigidas por Antonio Camacho (Gescartera Sociedad de
Gestión de Carteras y, posteriormente, Gescartera Agencia de
Valores) captaban ahorro para gestionarlo fuera de los circuitos
oficiales. Este dinero se colocaba a nombre de los propios
inversores y no se incluía en las cuentas oficiales ni en las listas
de clientes de la agencia. Ello dificultó el descubrimiento del
fraude.
Por eso fuentes del mercado comentan que no sería extraño que
siguiesen aflorando nuevos afectados. De hecho, la CNMV constató
tras su investigación que el patrimonio gestionado por Gescartera
ascendía a 13.000 millones, y no a 8.500, como aseguraba la agencia.
Ahora, fuentes judiciales hablan ya de un agujero de 16.600
millones. Rodrigo Rato, ministro de Economía, dijo ayer que el
agujero "no supera los 18.000 millones". Aun así, será el mayor de
la historia de España.
Entre los afectados figuran numerosas organizaciones sin ánimo de
lucro, como la Mutual de la Policía Nacional, la de huérfanos de la
Guardia Civil, las diócesis de Valladolid y Burgos, y alguna
organización no gubernamental.
El dinero, mientras tanto, sigue sin aparecer. Se han filtrado
informaciones que hablan de cuentas en el Caribe o en el paraíso
fiscal de Delaware (EE UU), pero, como adelantó este diario el 18 de
julio, estos datos han formado parte de la estrategia defensiva de
Camacho desde el inicio de la investigación. Ahora los acusados han
señalado Suiza o Luxemburgo como posibles paraderos. El agujero
comenzó a larvarse en 2000. Durante más de un año, y en plena
transformación de Gescartera en agencia de valores, la firma remitía
a los inversores que habían depositado su dinero estados financieros
en los que sólo constaban operaciones ficticias, de compras de
valores que no conllevaban desembolso monetario porque el mismo día
se vendían las acciones.
Cuando los inversores solicitaban reembolsos de dinero,
Gescartera se veía obligada a captar más dinero. Era la clásica
pirámide financiera que engorda el agujero hasta que salta el
escándalo.
Morey asesora a Zaplana
Por otro lado, ayer causó sensación la noticia de que el cantante
Jaime Morey, imputado en el caso por haber desempeñado el cargo de
director comercial en la gestora, es asesor del presidente de la
Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. El Gobierno de esta región se
apresuró a explicar que la asesoría no es remunerada y se limita a
cuestiones artístico-musicales.
Desde la propia presidencia del político miembro del Partido
Popular se justificó la relación por ser Morey "alicantino" y sus
conocimientos y buenas relaciones con el sector. La oposición en el
Gobierno regional ha reclamado explicaciones a Zaplana sobre la
vinculación.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía trabaja intensamente en
el decreto que regulará el fondo de garantía de inversiones, que
será aprobado el próximo viernes, se-gún informó ayer el ministro de
Economía, Rodrigo Rato. Este fondo cubrirá, hasta un máximo de 3,3
millones de pesetas, las pérdidas que los inversores sufran por
quiebra de agencias de inversión o por agujeros como el de
Gescartera y será retroactivo.
"El dinero es como una
pierna, o se usa o se pierde"
"El dinero es como una
pierna o un brazo, o se usa o se pierde". La cita de Henry Ford que
figura en el folleto publicitario de Gescartera parece, ahora que
han desaparecido 13.000 millones de pesetas, una broma de mal gusto.
Gescartera no escatimaba medios en aparecer como una entidad
solvente y digna de toda confianza. Había abierto oficinas en 11
ciudades españolas. Siempre en lugares céntricos, con locales
luminosos, elegantes y cuidados. Nada que pueda hacer pensar en un
chiringuito financiero. Pero, según denuncia la asociación de
afectados Adicae, estas oficinas no contaban con la autorización de
la CNMV.
Asimismo, la agencia había editado, en papel cartulina de gran
calidad, folletos en los que figuraban, además de Henry Ford,
fotografías y citas de George Bernard Shaw ("el dinero no es nada,
pero mucho dinero, eso ya es otra cosa") o John Rockefeller ("A
menos que creáis en vosotros mismo, nadie lo hará; éste es el
consejo que conduce al éxito").
Esta publicidad cautivó a numerosos ahorradores. El boca a boca,
orquestado por un equipo de comerciales que, a su vez, habían
invertido en Gescartera, atrajo una amplia base de clientes, casi
todos de pequeños ahorradores de avanzada edad, a la firma.
Las organizaciones sin ánimo de lucro afectadas llegaron a
invertir en Gescartera, según fuentes relacionadas con el caso, por
los contactos personales. Jaime Morey y Pilar Giménez-Reyna
trabajaban para la agencia de valores como comerciales.
Camacho posee dos
casas "de ensueño", según fuentes judiciales
La juez
Teresa Palacios ha decretado el embargo de los bienes de Antonio
Camacho, apoderado y mayor accionista de Gescartera, según fuentes
jurídicas. Un patrimonio que supera las expectativas incluso en una
familia acomodada como los Camacho. Personas cercanas a la
investigación han llegado a calificar las dos viviendas embargadas
(ambas en Madrid, una en La Moraleja y otra en la calle Almagro) de
"mansiones de ensueño".
En el chalé de la Moraleja, que se ha llegado a valorar en
"bastante más de 500 millones de pesetas", Antonio Camacho había
hecho construir una pequeña piscina dentro del cuarto de baño
principal.
Camacho también tenía tres vehículos de lujo, en concreto dos
Jaguar y un BMW. Pero no los conducía, pues en el mercado se le
conocía por frecuentar los ambientes de moda de Madrid acompañado de
su chófer y, en ocasiones, de su guardaespaldas. Asimismo, tenía un
nutrido servicio doméstico, que incluía un jardinero propio.
Un tren de vida, en fin, sorprendente para tratarse del apoderado
y mayor accionista de una agencia de valores que, en el primer
trimestre de 2000, declaró un beneficio de 8.000 euros (1,3 millones
de pesetas).
Así las cosas, no extraña que la investigación del patrimonio de
Antonio Camacho sea una de las líneas de trabajo abiertas por la
juez que lleva el caso Gescartera en la Audiencia Nacional, Teresa
Palacios.
En varias ocasiones se ha barajado el desfalco puro y duro como
causa de, al menos, parte del agujero de Gescartera. De hecho, si
Antonio Camacho permanece en prisión desde que prestó declaración
por primera vez, es porque no ha dado a la juez ni una sola pista
sobre el paradero del dinero, aparte de comentar que está en
paraísos fiscales donde es complicado lograr pruebas documentales de
la existencia de los fondos.
Por otra parte, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo, aseguró ayer a la agencia Efe que el
ministerio público "investigará si es necesario" la responsabilidad
en la que ha incurrido la Comisión Nacional del Mercado de Valores
en el caso.
El PSOE reclamará una
investigación sobre la CNMV en el Congreso
El Grupo
Socialista solicitará la creación de una comisión de investigación
en el Congreso para que los diputados puedan conocer cómo ha actuado
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso Gescartera y,
por extensión, cuáles han sido los controles que ha establecido para
vigilar el buen funcionamiento de las sociedades de Bolsa desde que
Pilar Valiente fue nombrada presidenta de la Comisión en octubre del
año pasado.
En opinión del diputado socialista Antonio Cuevas, hay "sospechas
fundadas" de que la CNMV "se ha convertido en el primer chiringuito
financiero del Partido Popular".
Ayer se supo que uno de los imputados en el caso, el cantante
Jaime Morey es asesor, con cargo no remunerado, del presidente de la
comunidad valenciana Eduardo Zaplana. Éste justificó el cargo en
razón de que Morey es alicantino.
Cuevas considera urgente conocer si en este caso ha existido uso
de información privilegiada, teniendo en cuenta la relación que los
principales accionistas de la sociedad tienen con el ex
vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo y con la hermana del hasta
ayer secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
En opinión de los socialistas, la propia CNMV y el Colegio de
Notarios deberían abrir un expediente a Ramallo por haber incumplido
las incompatibilidades que establece la ley y que se extienden, al
menos, hasta dos años después de haber abandonado el cargo. Ramallo
fue vicepresidente de la CNMV entre octubre de 1996 y el mismo mes
de 2000. Nada más abandonar sus responsabilidades en este organismo
abrió despacho propio de notaría en Madrid.
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