Este fallo se produce después de que la Federación de Enseñanza de CCOO presentara el 31 de mayo un escrito ante la Audiencia en el que reclamaba la ejecución provisional de la sentencia, al considerar que no pagar los atrasos suponía un “enriquecimiento injustificado” de la Administración. En total, los pagos ascienden a 1,9 billones de pesetas.

Recurso ante el Supremo
El fallo de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial no fue conocido hasta el 23 de enero y obligaba al Gobierno a pagar los atrasos producidos desde 1997 a los funcionarios públicos. Esta resolución provocó que, un mes después, los ministerios de Administraciones Públicas y Justicia presentaran un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, al entender que el fallo privaba a las Cortes Generales de una función básica como es la aprobación de los Presupuestos.

El nuevo pronunciamiento de la Audiencia justifica en su auto que el abono inmediato de las cantidades reclamadas por el sindicato “incidiría directamente en la realidad preexistente a tal pago”. Es decir, en la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia por el Gobierno. En caso de que lo aceptara, la anulación de la congelación salarial no podría aplicarse y “sería imposible restablecer la situación anterior”. Además, la Audiencia basa su decisión en los perjuicios derivados de una “precipitada e inmediata ejecución” del fallo.