El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cerrado ya los puntos clave del próximo modelo de financiación autonómica: está dispuesto a ceder 8,57 billones de pesetas para el próximo año en concepto de ingresos autonómicos y traspasará una completa cesta de impuestos más la financiación de la sanidad. Montoro, que presentará este esquema a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo viernes, quiere cerrar ese mismo día el pacto definitivo sobre financiación de las administraciones territoriales.

Las cifras definidas por Hacienda dibujan un sistema en el que la cuantía total de ingresos de las autonomías crece 300.000 millones respecto a la cifra percibida en 2001. Para el reparto de este incremento no se utilizará exclusivamente el criterio del número de habitantes (variable que pesará un 94%).

Hacienda quiere evaluar también la dispersión de la población (cuya ponderación será de un 1,2%) y criterios como la insularidad (0,6%) y la superficie (4,2%), de forma que se pueda evaluar su impacto en el gasto total de la comunidad. Así, las comunidades que más ingresos percibirán serán Andalucía, con 1,68 billones de pesetas, Cataluña, con 1,39 billones y Madrid, con 1,03. Las que menos ingresos tendrán el próximo año son La Rioja, con 67,512 millones, Cantabria, con 131.669 millones y Baleares, con 158.473 millones.

El esquema, de esta forma, pretende ayudar a las comunidades con mayores problemas por insularidad o por la llegada de inmigrantes. Hacienda ha establecido, además, un tope máximo de aumento de ingresos respecto a 2001 de un 5%, de forma que el resto se pueda repartir entre el resto de autonomías.

Esta parte del modelo, en la que se fijan las cantidades exactas que percibirán las comunidades el próximo año es la que más problemas ha planteado en la negociación con las autonomías. Los territorios gobernados por el PSOE reclamaron llegar hasta 400.000 millones de pesetas como cifra total. Pese a ello, fuentes del PSOE destacaron ayer mismo que las cifras no deben convertirse en un obstáculo a la firma del acuerdo definitivo.

La parte sobre la que parece haber consenso y en la que los representantes de las autonomías no parecen poner pegas es la referente al reparto de los tributos. Así, el Gobierno cederá a las comunidades el 33% del IRPF y la posibilidad de modificar, en esta parte, el gravamen. Tan sólo se deberá mantener “la proporcionalidad” y el “número de tramos que defina la escala general”. Hacienda traspasará, además, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Sociedades no entra en el reparto y matriculaciones y electricidad se traspasan en su totalidad.

Hacienda ofrecerá este viernes a las autonomías la posibilidad de traspasar la capacidad normativa plena sobre estos dos últimos –matriculaciones y electricidad–. El Gobierno cede, como ya anunció, el poder de modificación legal sobre los impuestos de transmisiones patrimoniales, patrimonio y sucesiones y donaciones, quedando a disposición de los Gobiernos territoriales la determinación de las deducciones, mínimos exentos y el tope conjunto de renta y patrimonio.

Fuentes de Hacienda aseguraron ayer que estas cifras, evaluadas con el censo de población de 1999, último aprobado oficialmente, pueden ser actualizadas con el nuevo de 2000, que se aprobará en breve. El Gobierno, además, puede aumentar las cantidades de cada autonomía siguiendo unas variables que pretenden adaptarse a situaciones más peculiares de cada territorio. Para ello crea nivelaciones para educación y sanidad y un fondo de compensación y otro de cohesión.