La dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, viene a restituir un punto de ejemplaridad en la vida política española en lo que se refiere al deber de todo alto cargo a asumir sus responsabilidades aunque no estén en entredicho sus intereses personales. Supone también un contrapunto a la conducta de otros compañeros de Gobierno, en ésta y en la anterior legislatura, que han hecho demostración de que su resistencia personal a abandonar el poder está por encima de las garantías y de la confianza que merecen los administrados. El caso del ministro Piqué acaso sea el más claro y controvetido, pero no es el único ejemplo.

El secretario de Estado de Hacienda goza de amplio reconocimiento sobre su capacidad y competencia profesional. Tiene también en su bagaje un papel destacado en la reforma fiscal de 1998 y en el nuevo plan de reajustes tributarios que prepara el Gobierno. Giménez-Reyna es, además, una pieza clave en la negociación sobre financiación autonómica y en el diseño de los próximos Presupuestos, de ahí que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de intentar en vano durante la tarde noche del pasado viernes que reconsiderase su decisión, lograra convencerle de que continuase unos días en el cargo para intentar rematar esas dos tareas.

Nadie es culpable, ni siquiera un cargo político, si algún familiar suyo comete irregularidades. Por eso, a Giménez-Reyna no cabe achacarle que su hermana, presidenta de Gescartera, esté imputada por el paradero desconocido de más de 13.000 millones de pesetas de cientos de inversores privados. En lo que el secretario de Estado de Hacienda sí cometio imprudencia es en confiar parte de sus ahorros a esa agencia de inversión que, según todos los indicios, cometía a la vez fraude fiscal. Esa desgraciada circunstancia deja en un insoportable mal lugar al responsable de vigilar que el dinero pague los debidos impuestos.

Tampoco ayuda a alimentar la confianza de los contribuyentes el hecho de que el secretario de Estado de Hacienda fuera consejero de una agencia de inversión, Sefisur, que fue sancionada hace seis años por falta muy grave. Esta noticia, adelantada por este periódico, actuó de desencadenante de la dimisión.

El partido socialista ha reclamado la comparecencia de los ministros Rato y Montoro para que expliquen las responsabilidades de la Administración en esta falta de control sobre el dinero de los inversores. También la CNMV tiene que explicar por qué dio a Gescartera la autorización para ampliar su capacidad de actuación e inversión el pasado mes de febrero cuando tres años antes había detectado un agujero de 1.000 millones aún inexplicado. Y por qué el Gobierno aprobó, por fin, el pasado viernes la creación urgente de un fondo de garantía para los inversores cuando el compromiso había sido asumido hace ya dos años a raíz de otro escándalo financiero.

Publicado en página 14