En 1999 entró en vigor el nuevo IRPF aprobado por el PP. El objetivo básico de la reforma fue aplanar la tarifa como suma de dos efectos: rebaja de los tipos de gravamen e incorporación de gastos deducibles (mínimo personal y familiar) antes de calcular la base liquidable, donde se fija posteriormente la progresividad mediante la tarifa. La recaudación se ha reducido en 800.000 millones de pesetas anuales y la distribución de las rebajas es, como mínimo, cuestionable, al agrupar un porcentaje muy pequeño de contribuyentes (1%) más del 20% del total de la rebaja. En paralelo, no se han cumplido las presuntas ventajas: la tasa de ahorro agregada bruta española se ha reducido y no parece que la reforma haya disminuido el elevado nivel de fraude. Adicionalmente, colaboró activamente a generar inflación al inyectar una gran masa de dinero en manos privadas en un momento inoportuno.

El Gobierno anuncia una nueva reforma para el año próximo, recortando el tipo marginal máximo (del 48% al 45%) y mínimo (del 18% al 15%). Una decisión que volverá a limitar la recaudación del impuesto beneficiando aún más a las personas con mayor renta (>11,2 millones de pesetas), las únicas con capacidad de aprovecharse de ambas disminuciones.

En la actual situación cabe preguntarse sobre la necesidad de rebajar el IRPF en España cuando la presión fiscal es inferior en siete puntos del PIB a la media de la Unión Europea, cuando se mantiene la necesidad de desarrollar políticas públicas en múltiples áreas con insuficientes dotaciones y se ha fijado un estricto objetivo de equilibrio presupuestario. No obstante recordar que a pesar del diferencial con la UE, los impuestos no están bajando, como propaga reiteradamente el Gobierno, sino que han cambiado su estructura al ganar protagonismo los indirectos frente a los de la renta. El resultado, según la teoría tributaria ortodoxa, es un empeoramiento de la situación de las personas con menores ingresos.

Está de moda rebajar o prometer rebajar el IRPF tildando de antiguos a quienes no comparten sus criterios. Para justificar sus propuestas, no faltan argumentos: excesivo peso de las rentas del trabajo, diseño arcaico y demasiado complejo del impuesto o necesidad de favorecer las inversiones primando fiscalmente el ahorro (antes, rentas del capital). Sus explicaciones olvidan la función redistributiva del sistema tributario, limitando esta función a las políticas de gasto, al igual que su necesaria suficiencia. Parece ganar terreno el concepto moderno de reducir paulatinamente la progresividad también en las rentas del trabajo desde que el Gobierno decidió un tipo único para las rentas del capital. Olvidando que dentro de las rentas de las primeras las hay también muy elevadas, como, por ejemplo, las originadas en los consejos de administración.

El actual IRPF tiene problemas de equidad y capacidad de recaudación. Pero la solución del Gobierno ahonda en los mismos, y las propuestas de otros, también. Un IRPF con un tipo único y un mínimo exento en base o, de forma alternativa, una deducción en la cuota puede tener una cierta progresividad, pero su estructura siempre conduce a pérdidas de equidad, recaudación, o ambas a la vez. Además, la calidad técnica es escasa al generar resultados incoherentes en términos comparados para los distintos tramos de renta.

Un impuesto con un tipo único del 35% y un mínimo exento de dos millones reduce la aportación (cuota líquida) de las declaraciones individuales con rentas inferiores a 3 millones de pesetas y las de los que obtienen más de 9 millones, aunque la rebaja en puntos porcentuales del tipo efectivo (cuota líquida / ingresos) aumenta con el nivel de ingresos hasta alcanzar los -11,7 puntos para rentas de 100 millones de pesetas (el tipo actual es del 46%). En sentido contrario, empeora la situación actual de las personas con rentas comprendidas entre 3 y 9 millones, alcanzando las pérdidas su punto máximo para las comprendidas entre 5 y 6 millones de pesetas. Aun así, la pérdida de recaudación con esta propuesta supera ampliamente el billón de pesetas anuales, si, como es lógico, se duplica el mínimo exento para las declaraciones conjuntas.

Para no incurrir en aumentos de aportación de los tramos de renta citados, se puede reducir el tipo único, por ejemplo, hasta el tipo medio del impuesto de sociedades (23%), manteniendo el mínimo exento de 2 millones para la declaración individual. De esta forma, todos los contribuyentes ganan respecto a la situación actual, pero a cambio se producen fuertes pérdidas de equidad y suficiencia. De equidad, porque la rebaja (beneficio) crece a medida que aumenta el nivel de renta (-9,5 puntos para una de 2 millones de ptas, -4,9 puntos para ingresos de cinco millones y -23,5 puntos en el tipo efectivo para rentas de 100 millones). Ésta puede ser la explicación por la que propuestas en esta dirección estén avaladas por aquellos que 'sufren' el tipo marginal máximo, aunque sólo sean el 1% de los contribuyentes y paguen ese tipo de gravamen sólo por el exceso de 11,2 millones de pesetas. El perjuicio sobre la suficiencia es, si cabe, todavía mayor, la pérdida de recaudación del IRPF superaría los 2,5 billones de pesetas al año.

El uso de las deducciones en cuota tiene un superior coste en la recaudación (cada 100.000 pesetas reducen la recaudación en 1,5 billones de pesetas) y su capacidad de mejorar la equidad en un modelo de tipo único es bastante limitada.

Una propuesta de tipo único no sólo reduce la equidad, sino que necesita de aumentos en otros impuestos o de un recorte en los gastos públicos. Si se elige la primera opción, se debe ser consciente de la capacidad de recaudación de otras figuras alternativas y de su influencia en la distribución de la renta. El impuesto sobre el patrimonio recauda 145.000 millones de pesetas y, de acuerdo a la experiencia, los únicos impuestos ecológicos con fuerte capacidad de recaudación son más bien impuestos sobre el consumo.

La presencia del sector público tiene que cumplir un papel imprescindible en la convergencia real de la economía española con los países más avanzados de la UE, ya sea para mejorar el Estado del bienestar como para asumir inversiones en infraestructuras de todo tipo. La sociedad española debe ser consciente de la necesidad de pagar impuestos, los suficientes para garantizar las obligaciones del sector público, y desde un punto de vista progresista, debe exigir una distribución de esfuerzos realizada con criterios de equidad. En este camino, un IRPF de carácter sintético (agrupación de rentas), tarifa progresiva y una combinación adecuada de gastos deducibles y deducciones en la cuota por circunstancias familiares e inversiones, cumple mejor con estos objetivos sin renunciar a un grado suficiente de sencillez. La lucha eficaz contra el fraude fiscal también ayudaría, sin duda, en esta tarea.

Es necesario renovar las propuestas adecuándolas a las nuevas necesidades, pero abrir a los ciudadanos expectativas desmesuradas, o directamente falsas, no es el mejor servicio que se le puede prestar para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.