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Expansión Directo - Economía
16 de Julio de 2001


Posada quiere ampliar la movilidad obligatoria de los funcionarios

M.VALVERDE | Madrid

El Gobierno quiere implantar la movilidad geográfica "forzosa" de los funcionarios en la Administración central del Estado con el fin de cubrir las plazas vacantes menos solicitadas en cualquier parte de España. El Ejecutivo quiere recortar del 17% al 8% los empleos temporales en el sector público.

El ministro para las Administraciones Públicas, Jesús Posada, quiere aprovechar las negociaciones que mantiene con los sindicatos de los funcionarios para intentar solucionar uno de los mayores problemas que tiene el sector público, como es la falta de movilidad funcional y geográfica de sus trabajadores.

A tal fin, el Ejecutivo ha propuesto a las centrales que la Administración del Estado pueda recurrir dentro de un plan de empleo a la movilidad "forzosa" para trasladar a sus funcionarios allí donde hay problemas para cubrir plazas vacantes. Por ejemplo, al País Vasco, por el problema político, o a las Islas Canarias, por la distancia, según explicaron las fuentes de la negociación consultadas por EXPANSIÓN.

Compensaciones

El Gobierno plantea esta posibilidad de traslado obligatorio, con las compensaciones correspondientes para el funcionario afectado, una vez que la plaza no haya sido cubierta de forma voluntaria, ni le quede otro recurso legal como obligar a un trabajador en excedencia a reintegrarse a la Administración.

Para entender la importancia de la medida hay que recordar que el Ejecutivo causó el enfado de los sindicatos, sólo porque, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año, amplió la movilidad geográfica obligatoria desde la localidad al ámbito de la misma provincia. Con esta medida, el Gobierno trata de reordenar el personal de la Administración central del Estado. En este sentido, el Ejecutivo ha hecho otra propuesta a los sindicatos que, aunque parece contradictoria con la primera no lo es. Administraciones Públicas quiere implantar restricciones en los traslados de funcionarios entre centros de trabajo durante los dos próximos años para tratar de equilibrar la situación de personal entre los departamentos.

El Gobierno quiere restringir durante ese periodo que los funcionarios puedan trasladarse a otros centros de la Administración cuando falte personal en el lugar donde se encuentran. Y, en sentido contrario, el Ejecutivo quiere evitar que los departamentos con excedentes de personal puedan recibir nuevos ingresos.

Para llevar a cabo todas estas propuestas en la movilidad de los funcionarios, el Ejecutivo se compromete a elaborar un informe sobre la situación de los trabajadores en la Administración central del Estado.

Como una de las contraprestaciones a los sindicatos, el Ejecutivo se compromete a intentar reducir el empleo temporal entre los contratados laborales de la la Administración central, desde el 18% actual al 8% de los trabajadores. Para ello, la Administración se compromete a recurrir a trabajadores temporales sólo en el caso de necesidades coyunturales o para cubrir un empleo fijo mientras no se cubra con una plaza de funcionario. Si en diez meses esto no ha sido posible, la plaza debe incluirse obligatoriamente en la Oferta de Empleo Público que el Gobierno aprueba todos los años. Asimismo, el Ejecutivo se compromete a no cubrir un empleo fijo con contratos en prácticas, de inserción o formación.

En todo caso, Posada ha advertido a los sindicatos que, como política global de personal, su intención es reducir funcionarios en la Administración central del Estado mediante las bajas vegetativas. De hecho, todos los años, y salvo excepciones, Hacienda y Administraciones Públicas sólo admiten que los distintos departamentos puedan sustituir al 25% de las bajas producidas en el ejercicio anterior.

Política salarial

En el capítulo retributivo, el Gobierno ha reiterado a los sindicatos que los salarios de los empleados públicos crecerán el año que viene un 2%, que es la previsión de inflación del Gobierno, si el Banco Central Europeo no dice otra cosa.

Además, el Gobierno se compromete a aplicar el año que viene un plan de pensiones en la Administración y una retribución variable. Es decir, la mejora adicional de los salarios con una paga extraordinaria y no consolidable en la nómina, siempre que se consigan los objetivos macroeconómicos marcados por el Ejecutivo. Algo parecido a una paga de beneficios en la Administración Pública -ver EXPANSIÓN del 6 de junio-. En este capítulo, los sindicatos reclaman un incremento salarial del 6% y una cláusula de revisión para compensar la inflación.



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