El Gobierno se ha puesto no pocos deberes tributarios para el año que viene. Retoques y nueva rebaja del impuesto sobre la renta, reforma del impuesto sobre sociedades, nueva Ley de Haciendas Locales, cambios en la fiscalidad del ahorro, práctica desfiscalización del mecenazgo y, antes de todo ello, nuevos mecanismos de financiación de las comunidades autónomas y nueva Ley General Tributaria.

Convencido como está el Ejecutivo de que la reducción de los impuestos es el principal motor del llamado círculo virtuoso de la economía, apuesta por nuevas reducciones de las tarifas tributarias, que, si se repiten los efectos de los dos últimos años, supondrán ampliar las bases tributarias, permitir un superávit presupuestario e insuflar más vigor al ritmo de crecimiento económico.

Hay que reconocerle al Gobierno el mérito de haber iniciado esta política activa de reducción de impuestos, aunque no por ello puede negar valor a las propuesta del PSOE sobre el tipo único, que ha contribuido a avivar el debate sobre la necesidad de aumentar el calado de las reducciones de impuestos. Conviene, sin embargo, poner números y plazos a los proyectos, definir netamente el impacto de cada modelo, para precisar si esas ambiciones son compatibles y en qué grado con la protección social que se predica, e incluso si ello permite mantener la ambición de eliminar el déficit público, objetivo que se debería convertir en irrenunciable para la economía española.

En esta subasta a la inversa sobre el futuro de la fiscalidad en España se ha abierto un nuevo frente de réplica, esta vez entre los empresarios. Los empresarios, la CEOE, ya han elevado el tono contra el proyecto de Hacienda sobre el impuesto de sociedades. Critican que esa filosofía general de reducción de la carga tributaria no se vaya a ver reflejada en la reforma de este impuesto. De una reforma integral anunciada hace unos meses, se ha pasado, a su juicio, al simple maquillaje de los retoques de deducciones, en lo que parece una renuncia a rebajar el tipo del 35%. Para la patronal, si no hay recorte, no se puede hablar de reforma.

A este presunto agravio, aún sólo en proyecto, suman los empresarios el retraso en la reforma. Tal dilación, implícitamente imputable a un castigo por determinadas actitudes empresariales negligentes en la lucha contra la inflación, puede interpretarse también como resultado de una opción de carácter electoral, que apostaría centrar las rebajas fiscales en los asalariados.

La disminución de la carga fiscal se anuncia también en otros proyectos del Gobierno, como el nuevo diseño de la fiscalidad del mecenazgo o la posibilidad de reducir el gravamen a las plusvalías empresariales, sobre todo aquellas que se destinen a la reinversión. Tal como se presenta, 2002 será un puro debate fiscal, como ya lo está siendo este año. El pulso político se da entre dos maneras diferentes de entender la fiscalidad, pero ambas dirigidas a liberar más renta del contribuyente para conducirla hacia el crecimiento.

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